La Policía Local de Ames achaca «mala fe» al gobierno municipal y pide complementos salariales

La Voz SANTIAGO / LA VOZ

AMES

PACO RODRÍGUEZ

Las organizaciones sindicales CC.OO. y CSIF, junto al colectivo policial, reclaman un trato equitativo al del resto de los funcionarios

29 ago 2018 . Actualizado a las 05:10 h.

Las organizaciones sindicales CC.OO. y CSIF y el colectivo de la Policía Local de Ames han acusado al grupo de gobierno de actuar de «mala fe» en el conflicto abierto en relación con el pago de complementos salariales que los agentes reclaman desde hace años.

Sindicatos y policías insisten que lo que están reclamando es que se les trate «de la misma forma que al resto de funcionarios del Ayuntamiento de Ames de su mismo grupo profesional», cobrando, en consecuencia, la misma retribución de los complementos específico y de destino. Niegan que su pretensión sea solicitar privilegios, ya que denuncian que lo que están padeciendo es «una discriminación respecto a los demás funcionarios».

Su denuncia de que el tripartito (PSOE, Contigo Pódese y BNG) actúa de «mala fe» la basan en el hecho de que a principios de año, tal y como el propio gobierno municipal reconoce, hubo un acuerdo de la Mesa Xeral de Negociación que daba el visto bueno a la equiparación de los complementos específico y de destino y les anunciaron que el siguiente paso sería aprobarlo en el pleno para poder aplicarlo.

Según afirman los agentes, como la propuesta tenía informes técnicos no favorables, el gobierno municipal les anunció que solicitaría un informe externo sobre este asunto, pero dicho informe, reiteran los sindicatos y la Policía Local, «sigue sin ser elaborado». Y sin él, añaden los denunciantes, «resulta difícil que los departamentos de Secretaría e Intervención emitan un informe completo fundado y motivado jurídicamente». Por ello, concluyen que el gobierno amiense utiliza como excusa estos informes negativos para no aprobar el cambio de esos complementos. Los policías señalan que no aprobar el complemento específico afecta a la «dignidad» de los agentes y de su trabajo.