El alcalde alegó, frente a los otros grupos, que es la corporación la que tiene que pronunciarse
16 feb 2018 . Actualizado a las 05:00 h.El alcalde llevó al pleno el convenio de la depuradora, como había prometido, pero el documento no pudo ser votado. Sobre él pesaba un reparo suspensivo (paralizante de un expediente) de Intervención, un reparo sobre el que el propio Noriega anunció que su grupo no levantaría. Y el no levantarlo supuso la devolución del convenio a la alcaldía, a la espera de la aprobación definitiva de los presupuestos.
Previamente, tanto socialistas como nacionalistas anunciaron que si no se retiraba el punto del orden del día no votarían. Pero el primer paso, ordenado por el secretario, fue acordar el levantamiento o no del reparo. Compostela Aberta (CA) votó que no, el PP se abstuvo y BNG y PSOE no votaron. Pero legalmente sí votaron, ya que no abandonaron el pleno y el secretario les indicó que eso implicaba abstención.
El alcalde alegó que llevó el asunto al pleno por cuestión de plazos y para no usurpar las competencias plenarias, y en aspectos de fondo adujo que se había intentado explorar la introducción de mejoras tecnológicas que no fueron aceptadas por el Ministerio de Agricultura. Además, puso de relieve que obran en contra la inseguridad jurídica existente (aparte de los hallazgos, Ames aprobó un recurso por unanimidad), la obra cero que supondrá un enorme desmonte y los agravios comparativos.
El alcalde resaltó que Madrid no justificó que no existían dichos agravios ni tampoco Augas de Galicia en una carta que le acababa de enviar. Más duro fue aún Rubén Cela al ratificar el agravio y tachar de «atraco a man armada» el convenio, que también obtuvo la condena del socialista Paco Reyes.
No obstante, Cela resaltó que sin acuerdo, y con el reparo suspensivo del interventor, el pleno solo podía limitarse a emitir una opinión. Cuestionó la actitud de Compostela Aberta de no haber cambiado a tiempo la zona de O Souto y de no aportar ninguna alternativa al convenio.
Ausencia de informes
Paco Reyes explicó que en la sesión de ayer, aparte del reparo de Intervención, faltaban otros informes y sobre todo el dictamen más esencial: una propuesta de CA para poder ser sometida a votación. Reyes había criticado por la mañana junto a Xaquín Fernández Leiceaga la situación actual -de la que considera responsable al PP y al gobierno local- y las consecuencias económicas que pueden derivarse de ella, además del futuro del proyecto. Agustín Hernández criticó la «mala negociación» del grupo de gobierno y su «pasotismo» con la depuradora. Y reclamó a Compostela Aberta que, de no estar de acuerdo con los términos del convenio, presentase alternativas. En la siguiente intervención, con un tono menos elevado, le ofreció su colaboración al equipo gobernante.
El alcalde le recordó la responsabilidad del Partido Popular en el problema de la depuradora y apuntó que ya hubo una anterior pérdida de fondos europeos en mandatos anteriores.
Augas de Galicia desmiente la tesis del agravio comparativo en el reparto de fondos
Augas de Galicia niega, en una carta remitida al alcalde ayer al mediodía, que existan agravios comparativos en relación al proyecto de O Souto respecto a acuerdos como el de Ourense o la ampliación de Silvouta, declarados de interés general del Estado. Explica que el porcentaje máximo de la sociedad estatal Acuaes varió en el marco del actual Feder 2016-2020 y la Xunta financiará la mitad de la cantidad no aportada por el Estado.
«Non só non se produce o aludido agravio comparativo senón que, ao contrario, no convenio que actualmente está a tramitar a execución da EDAR do Souto en Santiago, as condicións para o Concello son incluso máis favorables que as dos convenios (Silvouta y Ourense) remitidos como exemplo», arguye el organismo autonómico. Según el convenio, indica Augas de Galicia, Xunta y Concello se comprometen a financiar «o 50 % do custo» no financiado por el Feder «sen establecer como límite máximo a cantidade fixa de 12.893.166 euros na que se estima inicialmente esa porcentaxe». Es decir, que lo que suba de esa cuantía recaerá igualmente a partes iguales entre las Administraciones autonómica y local.
Reitera este organismo que el retraso «inxustificado» en la tramitación del convenio «está a poñer en serio perigo a execución da obra e o seu financiamento».