La Fiscalía retira la acusación antes del juicio al dueño de la firma, López Casal
17 nov 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El administrador de la constructora Urban Mahía SL ha tenido que pagar casi un millón de euros, pero ha logrado evitar ingresar en prisión. A José Noya Rey la Fiscalía le pedía dos años y medio de cárcel por un delito contra la hacienda pública en la venta de unos terrenos en el barrio de Santa Marta de Santiago en los que no se declaró parte del dinero recibido. Ayer admitió su culpa ante el Juzgado de lo Penal número 2 de la ciudad y el ministerio público aceptó rebajar primero la petición de condena y sustituirla después por una multa a cambio de su confesión y del pago de todas las cantidades que se le reclamaban en concepto de responsabilidad civil y sanciones.
Noya Rey ya ha abonado los 681.615 euros a la Agencia Tributaria como indemnización por los impuestos que dejó de pagar, así como otros 273.000 euros de multa y otros 5.400 cuyo pago sustituye la pena de nueve meses de prisión que finalmente aceptó el administrador de la constructora con sede en Bertamiráns (Ames). En total, 960.015 euros.
Antes de que se iniciara el juicio, la Fiscalía y la acusación particular aceptaron retirar la acusación que hasta ese momento también habían ejercido contra el propietario de Urban Mahía, Ramón López Casal, y contra otra de las administradoras, Pilar Encarnación Branco Illodo. Ni uno ni otro tuvieron, a juicio del ministerio público tras el acuerdo con José Noya Rey, responsabilidad en el fraude fiscal, ya que era este último, tal y como él mismo confesó y admitió ante el tribunal, el único responsable de la administración de la firma y de la operación inmobiliaria por la que se abrió la investigación.
La sentencia también condena al acusado a no poder recibir ayudas públicas ni incentivos fiscales durante los dos próximos años.
El caso se remonta al 2004 y se centra en la venta de una parcela y parte de otra en Santa Marta
El asunto por el que ha sido condenado el administrador de la constructora Urban Mahía se remonta al 23 de julio del 2004, un año después de que Ramón López Casal declarase la unipersonalidad de la empresa y nombrase administradores solidarios a José Noya Rey y a Pilar Encarnación Branco Illodo. La firma vendió entonces a Gallega de Proyectos Inmobiliarios SL una parcela en la calle Santa Marta de Santiago y el 24,95 % de otra situada en la misma vía. En la escritura se hizo constar como precio de venta el de 3.157.328,14 euros, cantidad a la que hubo que sumar un IVA de 505.175,21 euros. Sin embargo, lo cierto fue que, a mayores, la constructora recibió de manos de la entidad compradora otros 1,2 millones que no fueron declarados en el impuesto de sociedades del 2004. Esta maniobra generó un fraude a la Agencia Tributaria que la Fiscalía cifró en 420.000 euros y que es el que ahora se ha visto obligado a reconocer y asumir en su totalidad Noya Rey para exculpar a los otros acusados.