Una empresa acuciada por la crisis denuncia a un constructor con el que contactó por un anuncio de Internet
17 nov 2017 . Actualizado a las 08:51 h.Los casos de estafas por Internet que llegan a los tribunales acostumbran a ser ventas fraudulentas de aparatos electrónicos, viajes o ropa. Raro es que el asunto tenga que ver con el mundo de la construcción, como el caso que ayer se juzgó en la sección compostelana de la Audiencia Provincial y cuyo telón de fondo fue la edificación de dos chalés en Biduído (Ames).
La denunciante y presunta perjudicada fue una empresa constructora de Madrid, Estructuras Boltaña, tan agobiada por la crisis que se vio obligada a ampliar horizontes de tal modo que hasta buscó trabajo en un portal de anuncios por Internet. Fue así como contactó con los acusados, M. Á. S. C. y L. T. M., que habían constituido otra constructora, Onde 2002, que en realidad actuaba como intermediaria y cuyo objetivo era subcontratar los trabajos que le encargaban.
Ambos se negaron en el juicio a contestar a las preguntas de la Fiscalía y de la acusación particular -Boltaña- y tan solo respondieron a su abogada defensora. Lo hicieron para negar todas las acusaciones y asegurar que actuaron de buena fe. El ministerio público sostiene todo lo contrario. Considera que nunca tuvieron la intención de construir las viviendas y que se embolsaron cantidades que los dos propietarios de los terrenos les habían pagado. A la constructora subcontratada, que llegó a iniciar los trabajos le habrían ocasionado pérdidas por valor de 73.000 euros, que es los que ahora las acusaciones reclaman a los acusados como indemnización por responsabilidad civil. Además, les reclaman un año y medio de prisión a cada uno.
En la vista oral testificó una de las propietarias -el otro no pudo hacerlo por estar gravemente enfermo-, que corroboró que cuando el arquitecto técnico con el que contrató el proyecto le avisó de que había problemas con la constructora Onde 2002, decidió cancelar el contrato. Fue entonces cuando M. Á. S. le exigió, para hacerlo, que le pagase los trabajos de cimentación efectuados, por lo que tuvo que abonarle 2.500 euros. Para la mujer fue «un chantaje», ya que aseguró que aquellas obras supuestamente iniciadas no eran todas las que se decía y que tuvo que volver a pagar por ellas a la firma que finalmente se hizo cargo de la construcción.
La defensa no negó que los hechos transcurrieran como narraron testigos y afectados, que presentaron versiones coincidentes, sino que considera que no constituyen un delito de estafa y que, de hacerlo, debería ser en su grado mínimo porque habría que aplicar la atenuante de dilaciones indebidas por el retraso que ha sufrido el proceso, que se remonta al 2012. Por ello, pide la libre absolución y que no tengan que abonar indemnización por no estar acreditada la cantidad.