Vecinos de los núcleos cercanos a la futura planta inician una recogida de firmas
01 ago 2017 . Actualizado a las 00:34 h.El proyecto de la depuradora de O Souto, que debe paliar las deficiencias de las instalaciones de Silvouta, ha movilizado al vecindario de los núcleos más cercanos a la futura planta de tratamiento de aguas residuales. Dadas sus características y su ubicación, en el límite entre los municipios de Santiago y Ames, es este segundo concello el que sufre en mayor medida los problemas de saturación de la actual depuradora y también asumirá el impacto del proyecto previsto en O Souto.
Por estos motivos, vecinos de los núcleos de Quistiláns, Costoia y alrededores se reunieron ayer por la tarde «como un primeiro paso para exixir ao Concello de Ames un posicionamento claro a favor dos intereses da súa poboación».
El encuentro lo convocó un vecino de Costoia a quien la Plataforma pola Recuperación do Sar le ofreció información de la fase en la que se encuentra el proyecto. Los vecinos entienden que la planta de O Souto «resulta absurda e prexudica severamente a nosa calidade de vida», tanto por el impacto de las obras como por el olor de los lodos que saldrán de las instalaciones. También recuerdan que «a área do Souto ten un dos bosques autóctonos de ribeira ben conservados da zona, restos arqueolóxicos como a ponte medieval, a calzada, petróglifos presumiblemente da Idade de Bronce; e etnográficos».
Con todos estos elementos, los afectados, que en algunos casos viven a menos de doscientos metros del emplazamiento de la futura depuradora, decidieron ayer iniciar una recogida de firmas que trasladarán al Concello de Ames para notificarle su rechazo y también para demandar que los apoye.
La campaña para sumar apoyos se desarrollará durante las próximas semanas y en paralelo solicitarán una reunión con representantes del gobierno amiense para conocer la fase en la que se encuentra el proyecto de O Souto, que tuvo que ser redimensionado por la localización de restos prehistóricos de interés que están catalogados como Bien de Interés Cultural (BIC).
Petroglifos y vestigios del siglo XVI al XVIII también ponen en duda la ubicación
Los problemas para viabilizar el proyecto de la depuradora de O Souto no son solo de índole económico y del impacto ambiental en el entorno, ya que la zona en la que está previsto construirla es un cúmulo de sorpresas patrimonialmente hablando.
Primero fueron localizados varios petroglifos en un área de elevado interés arqueológico, lo que obligó a modificar el proyecto. Y hace apenas dos semanas aparecieron en la denominada Casa da Torre, en Villestro, documentos que posiblemente pertenezcan a los siglos XVI, XVII y XVIII. En ellos queda patente que la zona en la que está prevista la depuradora de O Souto atesora elementos etnográficos y arquitectónicos dignos de ser preservados.
De alguno de ellos hay restos perfectamente definidos, como el denominado Ponte da Cabrita, perteneciente al municipio de Ames. Precisamente estos restos están pendientes de una solicitud para su catalogación como un Bien de Interés Cultural (BIC), un reconocimiento que sería otro escollo para esta planta.
Medio Ambiente debe enviar el convenio al Concello de Santiago
El proyecto de la planta depuradora está en estos momentos estancado en los despachos del Ministerio de Medio Ambiente, que tenía previsto remitir el convenio para agilizar la obra el pasado mes de junio, pero a día de hoy esta entrega sigue sin fecha. Este documento deben firmarlo el Ministerio de Medio Ambiente, el Concello de Santiago y la Xunta. El Ayuntamiento de Ames queda fuera de este acuerdo porque la planta depuradora no ocupa terrenos del municipio.
Mientras aumenta el rechazo en Ames a la ubicación de O Souto, el reloj corre en contra de la depuradora, ya que la obra debería llevarse a cabo en el límite del año 2022 para que pueda financiarse con fondos de la Unión Europea. Y para que esto sea así, la firma del convenio debería quedar zanjada, como muy tarde, durante el próximo mes de septiembre para evitar riesgos con el cumplimiento de los plazos que pongan en peligro las ayudas comunitarias.