Cruce de reproches en el Concello por una desidia que arrastra veinte años
19 nov 2016 . Actualizado a las 05:00 h.La amenaza de una multa a España por el mal estado de las aguas residuales de varias localidades, entre ellas Santiago, pende desde hace cinco años, pero en el caso de la capital de Galicia, ni así se agilizaron los trámites para construir una nueva depuradora que palíe los problemas que tiene la de Silvouta. Y ahora ya no hay más avisos. La Comisión Europea denunciará la desidia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y reclamará para España una multa de 46 millones por este incumplimiento que afecta tanto al medio ambiente como a la salud de un millón y medio de personas.
En Santiago se sabía de la advertencia, y por eso, para evitar la multa, se llevó a cabo la ampliación de la vieja depuradora en tanto no se agilizaban los trámites para construir la de O Souto. Pero los trámites siguen sin agilizarse; de hecho, el proyecto está redactado desde hace tres años y se esperaba licitar las obras a finales del presente; sin embargo, la paralización de un Gobierno en funciones lo retrasó un año más, porque es necesario firmar un convenio a tres bandas entre el Concello, la Xunta y el Ministerio de Medio Ambiente que será quien contrate los trabajos.
Ahora, con la multa en ciernes, todos se echan las manos a la cabeza, y en la mañana de ayer, en Raxoi, los cruces de acusaciones entre grupos políticos fueron la comidilla de los pasillos y de las comparecencias ante la prensa.
Los socialistas acusaron a Agustín Hernández de ser el responsable de la sanción europea por el retraso que la obra sufrió en el período en el que el portavoz del PP era alcalde. Gonzalo Muíños recordó que la actuación tenía que estar licitada a finales del 2011 «e aínda segue igual a día de hoxe».
El PP se defendió. El edil popular Alejandro Sánchez Brunete justificó aquellos retrasos en que había demandas vecinales sin atender que hubo que tener en cuenta en ese período, y echó balones fuera colocando el punto de mira en el actual gobierno local para instar a la administración municipal a que sea diligente y reclame que cuanto antes se firme el convenio.
El BNG apuntó a uno y otro lado. Rubén Cela dijo que los trámites no avanzaron en los últimos cinco años «por culpa da xestión do PP», para luego recordar que todos los grupos de la oposición incluyeron enmiendas a los presupuestos del 2016 para que se destinasen fondos para la depuradora, «mais Compostela Aberta desestimounas».
El alcalde, por su parte, recordó el compromiso del Gobierno central para sacar adelante el proyecto, aunque criticó la inversión prevista de 74 millones, a su entender «escasa». Martiño Noriega reconoció que, a pesar de que se había solicitado de forma reiterada, sigue sin haber fecha para la firma del convenio, y mostró su esperanza en que avanzase tras una reunión solicitada en Madrid por esta cuestión y por la intermodal.
También la Xunta insistió en que, por su parte, se están moviendo hilos. Renovado tanto el Gobierno central como el autonómico, «imos retomar as conversacións co Estado, que xa se estaban dando», dicen desde la Consellería de Medio Ambiente. Se ha pedido audiencia de nuevo al departamento de Isabel García Tejerina, aunque la Xunta recuerda que la solución que se había adoptado para evitar la multa -la ampliación de Silvouta- estaba hecha. El alcalde, en relación a esta infraestructura, aseguró que estaba funcionando, tanto la ampliación como los colectores, aunque calificó la solución como «parche».
Y mientras, el agua del Sar sigue bajando contaminada a su paso por Ames.