La regularización catastral colapsa el Concello de Ames con cientos de reclamaciones

Emma ARaújo SANTIAGO / LA VOZ

AMES

Ha tenido que destinar cuatro trabajadores municipales para atender las quejas y asesorar a los vecinos con las alegaciones

16 oct 2015 . Actualizado a las 05:00 h.

La regularización catastral que promueve el Ministerio de Hacienda en varios concellos del área compostelana está colapsando el servicio de Urbanismo del Concello de Ames, que está atendiendo una media de entre ochenta y cien peticiones de información al día. Así lo reconoció ayer el Concello, que ofreció una comparecencia pública con representantes de todas las fuerzas políticas del tripartito (PSOE, Contigo Pódese y BNG).

El regidor amiense, José Miñones (PSOE), denuncia que en muchos casos los vecinos no tienen información detallada de lo que se les está reclamando, ni las consecuencias que puede tener este proceso, ya que como primer paso les reclaman un pago de 60 euros, pero no se especifica con suficiente claridad que la regularización implica un cambio en la calificación de los inmuebles, que deriva en una subida del IBI que se puede aplicar de forma retroactiva.

Precisamente este cobro de anualidades anteriores es uno de las consecuencias que quiere evitar el Concello, que ha trasladado esta demanda a la Diputación, ya que este organismo provincial es el que gestiona el cobro de impuestos.

La edila de Facenda, Genma Otero, señaló durante su intervención que esta regularización catastral no la promueve el Concello y reprochó al anterior ejecutivo que no informase de la misma, pese a tener conocimiento previo. Otero reconoció que buena parte de las dudas y quejas las trasladan vecinos de la zona rural, aunque el Concello desconoce el impacto real que tendrá la medida, ya que hasta el momento no le han facilitado esta información.

Por su parte, el edil de Urbanismo, Blas García, señaló que el servicio está prácticamente colapsado, ya que son cuatro personas del departamento las que están trabajando para asesorar a los vecinos, aunque han pedido a la Dirección General del Catastro para que envíe a una persona para atender a los afectados.