Juzgan a la antigua directiva de una cooperativa de A Baña por apropiarse de 79.000 euros
A BAÑA
La Fiscalía pide para los acusados cuatro años de cárcel, multa de 2.160 euros y que devuelvan todo el dinero a la entidad
22 nov 2024 . Actualizado a las 11:15 h.Las cuatro personas que entre el 1 de mayo del 2006 y el 13 de diciembre del 2012 conformaron la directiva de la cooperativa San Xoán de Barcala, con domicilio social en A Baña, se enfrentan a un juicio en la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña en el que la Fiscalía les reclama cuatro años de cárcel, una multa de 2.160 euros a cada uno y que devuelvan conjunta y solidariamente los 79.016 euros que el ministerio público asegura que se quedaron de fondos de la sociedad, que figura en el catálogo de entidades de economía social de la Consellería de Promoción do Emprego.
En el escrito de acusación que ha presentado el ministerio público se señala que el 1 de mayo del 2006, mediante documento privado elevado a escritura pública el 7 de abril del 2008, los cuatro acusados se incorporaron a la cooperativa en diferentes puestos. En concreto, en los de presidenta, vicepresidente y secretaria del consejo rector de la entidad, mientras que el cuarto procesado habría actuado como administrador de hecho.
Durante el período temporal que duró el mandato de los cuatro acusados, la Fiscalía asegura que «se apoderaron e incorporaron a su patrimonio dinero en efectivo de titularidad exclusiva de la cooperativa» bañesa.
El modo en el que actuaron, siempre según la acusación pública, fue haciendo retiradas de dinero en efectivo y transferencias a su favor desde la cuenta bancaria titularidad de la cooperativa, que ellos gestionaban por razón de su cargo.
Los movimientos bancarios por los que van a ser juzgados los acusados se habrían llevado a cabo presuntamente sin respetar el beneficio e interés de la cooperativa San Xoán de Barcala y ascenderían a los 79.016 euros que ahora les reclaman que tienen que devolver entre los cuatro en concepto de responsabilidad civil, cantidad que finalmente será superior porque hay que aplicarle los intereses legales acumulados desde que se produjeron los hechos.
La Fiscalía considera que tanto la presidenta como el vicepresidente, la secretaria y el administrador de hecho de la entidad han incurrido en un delito de apropiación indebida agravada y que no concurren en ninguno de ellos circunstancias atenuantes, de ahí que la pena solicitada se vaya a los cuatro años de cárcel. El caso fue investigado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Negreira.