Se trata de residentes en municipios del entorno de Compostela y A Coruña
17 jun 2016 . Actualizado a las 14:22 h.La plataforma Stop Desahucios está trabajando en la actualidad con diez familias que no pueden hacer frente al pago de sus hipotecas, y reclaman a las entidades bancarias, según cada caso, la moratoria de cinco años, la dación en pago, la paralización de la subasta o la permuta por otro inmueble. Los portavoces de la plataforma insistieron en denunciar que las entidades bancarias «siguen sin aplicar el código de buenas prácticas», y criticaron a las administraciones por la falta de «soluciones reales» a los problemas de las personas. En este sentido, comentaron que «cuando nos indican que sean remitidos al IGVS para realojarlos en una vivienda, llegamos allí y resulta que no tienen pisos para realojos».
Para protestar y presionar a las entidades bancarias, un grupo de miembros de la plataforma junto con afectados por ejecuciones hipotecarias se concentraron ayer ante las sucursales de los bancos Popular y Santander de A Senra y Fonte de Santo Antonio. En este último banco, los concentrados accedieron al interior y fueron desalojados por la Policía Nacional. En el primero, la propuesta estaba vinculada al caso de Mónica y Juan, resientes en Noia, que solicitan la dación en pago para la vivienda que compraron en Canarias cuando trabajaban en la isla. El matrimonio, al quedarse en el paro, tuvo que regresar a Galicia con sus hijos para recibir la ayuda directa de sus familiares. El banco no acepta la dación en pago, alegando que no se trata de la vivienda habitual. Mónica dijo que ella se considera ya «desahuciada, porque tuve que abandonar mi hogar».
En el segundo caso, los concentrados reclamaban una solución para Rudi, de Negreira, que pidió cinco años de moratoria. Se trata de un matrimonio de emigrantes retornados, que al perder sus fuentes de ingresos no pudieron seguir pagando la hipoteca, y el hombre regresó a Venezuela. Están pendientes de que se fije la fecha de la subasta del piso después de que el juzgado diera la razón al banco.
En esta entidad, Delmesa y Juan, de Oleiros, presentaron ayer su caso con el objetivo de pedir una moratoria de cinco años. Este matrimonio pidió 190.000 euros a 30 años dentro de la modalidad «hipoteca tranquilidad», y en casi una década pagaron 120.000 euros, pero solo han amortizado 10.000 euros. Al quedarse el marido en paro, «solo tenemos mis ingresos de unos 1.000 euros, así que dicen que no cumplo las condiciones del código, pero es que tenemos que comer».
Otro de los casos corresponde a una mujer de A Baña, que pide la permuta de su casa por otra en cualquier lugar, o la dación en pago, que les niegan. Esta mujer y sus tres hijas son víctimas de violencia de género, y actualmente tienen protección policial por amenazas.