La alcaldesa de Santiago reclama a la Xunta que ejerza el control de la zona tensionada

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, reclamó ayer a la Xunta que ejerza el control para que las relaciones contractuales del alquiler residencial en Santiago se ajusten a las condiciones que fija la ley para las zonas de mercado residencial tensionado, como es el caso de Santiago, después de que el municipio fuese declarado ámbito tensionado a finales de julio pasado. La regidora ya indicó entonces que esperaba que la comunidad autónoma asumiese sus competencias en ese sentido, y ayer se lo demandó públicamente en su habitual comparecencia semanal ante los medios de comunicación.

Aunque esa declaración entró en vigor «moito máis tarde do que debería ser polos intentos da Xunta de boicoteala», la alcaldesa sostiene que con ella «en Santiago xa non son legais as subas abusivas de alugueiro, así que en Santiago non cabe un caso Maricarmen». Y eso «é importante grazas a esa declaración», añadió, aunque para que los efectos de esa declaración «sexan efectivos por completo é imprescindible que a Xunta exerza as súas competencias de inspección».

La Xunta rechaza, sin embargo, que esa vigilancia sea función suya. Lo hizo expresamente el último día de julio. Entonces era el concejal de Urbanismo, con la declaración de zona tensionada recién estrenada, el que requería esa función inspectora de la Administración autonómica.

El Gobierno gallego no solo defiende que no hay nada en la normativa estatal que indique que es su responsabilidad, sino que apunta que la normativa aplicable carece de un régimen sancionador que tipifique las infracciones. Ese régimen «non indica de que xeito ten que sancionarse», por lo que entiende que el Concello debe demandar al Estado que asuma él esa función. Esa es la posición que ha mantenido también con la zona tensionada de A Coruña, declarada justo un año antes que la de Compostela.

La alcaldesa capitalina, no obstante, insiste en que esa competencia es autonómica y aunque reconoce que, «tendo en conta os precedentes, non temos moitas esperanzas», afirma que seguirá insistiendo, «e esperemos que a Xunta cambie de rumbo e estea disposta a colaborar». «Cremos que a Xunta ten que vixiar os contratos de arrendamento para ver que se axustan á norma, no que toca ao prezo e no relativo ao propio tipo de contrato, toda vez que os contratos temporais quedaron fóra dos topes de prezos por decisións do PSOE desde o Goberno do Estado, pero a responsabilidade é compartida, e todo isto hai que facelo», dijo Sanmartín, quien anunció que también seguirán pidiendo fondos específicos para actuar en las zonas tensionadas, «para facer efectivo ese plan de medidas correctoras» que hubo que presentar para la tramitación de la declaración de zona tensionada.

Hoja de servicios

Aprovechando la contestación social a los problemas de acceso a la vivienda, la alcaldesa apuntó ayer que su gobierno puede «presentar unha boa folla de servizos de todo o que levamos feito». Aunque el líder popular, Borja Verea, cuestiona su aportación a un problema que preocupa especialmente en la ciudad, dijo, la regidora defendió el efecto que esa declaración tendrá en el municipio, además de otras iniciativas en materia de vivienda, como la incorporación al registro de solares de casas en ruinas para que se rehabiliten; la proyección de nueve viviendas públicas en Caramoniña; y el programa para adquirir inmuebles residenciales en el casco histórico para su incorporación al futuro parque de vivienda pública en alquiler.

Sanmartín completó esa «folla de servizos» con las modificaciones fiscales para gravar las viviendas vacías de grandes tenedores (aún no aplicables); la movilización de suelo para vivienda protegida a través de su venta o por cesión a la Xunta; la recalificación de la parcela del Peleteiro «multiplicando case por catro a superficie para vivenda»; y los «axustes normativos e do planeamento e a súa vixencia para frear e reverter a turistificación dos barrios».

Borja Verea sostiene que en este mandato la situación de la vivienda en la ciudad no ha mejorado y ayer planteó de nuevo la revisión del PXOM y recordó su plan para un parque público de alquiler, que incluye medidas de protección para el pequeño propietario.

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