Borja Verea pregunta en el Parlamento si Raxoi retiró sus exigencias para ampliar el colegio Quiroga Palacios
SANTIAGO
El líder compostelano del PP y diputado considera un «despropósito» que el gobierno local condicionase la cesión de una parcela a que la Xunta ejecutase obras de urbanización fuera del ámbito educativo
08 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.El líder del PP de Santiago y diputado autonómico, Borja Verea, llevó al Parlamento la ampliación del CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios con el objetivo de conocer en qué situación se encuentra el proyecto y confirmar si el gobierno municipal ha retirado de forma definitiva las condiciones que había impuesto para poner los terrenos necesarios a disposición de la Xunta. Verea registró una pregunta para su respuesta oral en la Comisión de Educación en la que reclama conocer la valoración de la Xunta sobre los obstáculos planteados por el ejecutivo de Goretti Sanmartín, así como el estado actual de las actuaciones previstas para ejecutar esta mejora educativa.
Borja Verea recordó que la Xunta trabaja desde el pasado año en la ampliación del Quiroga Palacios para mejorar sus instalaciones y dar respuesta a las necesidades del alumnado, del profesorado y de las familias. Para poder llevar a cabo el proyecto es necesaria una parcela municipal anexa al centro de 1.605 metros cuadrados, y para su cesión a la Consellería de Educación, lo que debería ser un trámite habitual de colaboración entre administraciones se convirtió, incide Verea, en un «despropósito», después de que el gobierno municipal condicionase la cesión de la parcela a que la consellería ejecutase obras de urbanización, reordenación de viales, aparcamiento y ajardinamiento sobre una superficie total de 14.000 metros cuadrados. «Para ceder os 1.605 metros cadrados que necesita a ampliación dun colexio, o goberno municipal pretendía que Educación asumise actuacións urbanísticas sobre 14.000 metros cadrados. É difícil atopar unha explicación a unha esixencia así», señala Verea, y añade que las actuaciones reclamadas por el Concello afectarían, además, a terrenos municipales destinados a usos ajenos al educativo, por lo que su aceptación supondría destinar recursos de la educación pública a financiar obras urbanísticas que corresponden al propio Concello.