El Concello de Santiago deberá aprobar una ordenanza con los precios del bus antes de empezar el nuevo servicio

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Así lo apuntó la interventora municipal en el informe de fiscalización de diciembre del 2025 previo a la apertura del concurso

02 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El Ayuntamiento deberá aprobar una ordenanza no fiscal validada por el pleno de la corporación antes de la entrada en funcionamiento del contrato del nuevo transporte urbano. Así lo apuntaba la interventora municipal en el informe de fiscalización de diciembre del 2025 previo a la apertura del concurso. Dicha ordenanza recogerá los nuevos precios del servicio, porque estos cambiarán tan pronto se ponga en marcha la nueva prestación.

Y eso implica que deberá estar tramitada y aprobada, como muy tarde, para mediados de noviembre, la fecha en que se estima que las tres empresas del grupo Monbus que se han hecho con el contrato (Castromil, Alcalabus y Autobuses Urbanos de Lugo) asumirán la prestación del servicio.

Según los plazos administrativos que rigen entre la adjudicación y la firma del contrato, se estima que la rúbrica no se producirá hasta mediados de agosto. A partir de ahí comenzarán a contar los tres meses de que dispondrá la adjudicataria para poner en marcha el servicio, con las nuevas líneas, frecuencias y autocares provisionales, que, aunque ya tienen cierta antigüedad (la media es de 7,9 años), supondrán una mejora sustancial con respecto a buena parte de la flota actual. Serán 67 y cubrirán el servicio durante un año, el plazo que tiene Monbus para encargar a fábrica y aportar los definitivos desde la firma del contrato.

El área municipal de Mobilidade, que dirige Xan Duro (Compostela Aberta), pretende que la ordenanza esté para entonces, aunque los técnicos municipales sostienen que si no fuese así hay fórmulas para que el servicio empiece a funcionar con los precios que indica el pliego del concurso. Se trata de una ordenanza sin muchas complicaciones, aunque tendrá que someterse al criterio del pleno.

Más compleja es la ordenanza general del servicio, la que recoge los derechos y deberes de los usuarios y los conductores y cuestiones genéricas de organización del servicio, que también se está elaborando, aunque no se parte de cero. En realidad, se hará una actualización de la actual, que data del 2014. Ahora mismo se está con el borrador.

Las tarifas

El servicio arrancará con nuevos precios, aunque con carácter general no supondrán grandes subidas. La aportación municipal anual (más de 9 millones en el 2027) contendrá las tarifas de los viajes con bono. El viaje con bono ordinario subirá tres céntimos (de 0,60 a 0,63) y con bono escolar, ocho (de 0,40 a 0,48), mientras que el billete escolar quedará prácticamente como ahora (pasará de 0,55 a 0,56). Eso según las tarifas de referencia actuales, porque hay que tener en cuenta que los viajes pagados con bonos están ahora mismo por debajo de lo que marca la tabla tarifaria por los descuentos anticrisis que financian el Estado y el Concello.

Quienes sí notarán el impacto del nuevo servicio serán los usuarios del billete ordinario (el suelto) y del bono mensual. En el primer caso, la subida será del 40 % (de 1 a 1,40 euros) y en el segundo, de 9 euros. Pasará de los 26 de referencia (ahora es menos con los descuentos anticrisis) a 35. Pero lo notarán todavía más los pensionistas. En su caso perderán la gratuidad total de la que disfrutan ahora. El acceso libre para ellos se limitará en adelante a cien viajes. A partir de ahí, los siguientes tendrán que abonarlos a 0,50 euros.

Sí seguirán viajando gratis los compostelanos de escasos recursos, aquellos que tengan un grado de discapacidad igual o mayor al 65 % y los acompañantes de personas con movilidad reducida. Para el aeropuerto, que volverá a tener servicio específico, como antaño, el servicio tendrá un coste de seis euros la ida y 10 la ida y vuelta.