El gobierno de Santiago defiende su posición en el caso del interventor y el PP habla de «trama»
SANTIAGO
El BNG todavía no aclara si se procederá según dictó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia o si presentará recurso de casación
06 may 2026 . Actualizado a las 20:51 h.El concejal de Persoal de Santiago, Manuel César (BNG), defendió este miércoles la justificación del gobierno para no atender la solicitud de prórroga en el 2024 del exinterventor Juan Ramón González Carnero y limitó a un formalismo, como hizo la alcaldesa hace días, la falta del informe de la jefa de Recursos Humanos, que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) considera preceptivo, motivo por el que ordenó retrotraer el proceso para que el Ayuntamiento reclame dicho informe y resuelva esa solicitud de nuevo. Contra el fallo cabe recurso de casación, pero Raxoi aún no ha decidido qué hará, pese a limitar a un mero formalismo la exigencia de ese informe.
Más que en la sentencia del TSXG, César se centró en la del juzgado de instancia, expresamente en que este no consideró preceptivo ese informe —decisión que corrigió el alto tribunal— y en que sí vio justificada la denegación de la prórroga por las dificultades del interventor, expuestas en «la amplia prueba testifical», para adaptarse a las necesidades de la Administración en el proceso de transformación digital. En el proceso judicial, el Concello defendió que debe ser «o funcionario o que se adapte á Administración á que serve, e non á inversa», según la sentencia de instancia.
César expuso este miércoles que el TSXG «non pon en cuestión a posibilidade de denegar a prórroga nin os motivos polo que se fixo». Pero su fallo sí cuestiona el procedimiento. Y ahí es donde incide el PP para insistir en que el gobierno de Goretti Sanmartín «apartou do seu cargo a un interventor incómodo». Los populares hablan de «purga» y de una decisión «premeditada, orquestrada e calculada para vulnerar a lei», denunció José Ramón de la Fuente, quien expuso que esperaron a que la responsable de emitir ese informe se fuese de vacaciones para que lo hiciese otra persona y provocar así «que a decisión final non se apoiase nun informe dunha funcionaria independente, senón en informes de altos cargos de confianza do goberno». Según De la Fuente, Sanmartín «retorceu o procedemento e mentiu». El PP pidió toda la documentación de este procedimiento.