Suspenden la licitación del contrato del autobús en Santiago mientras se valoran los recursos

r. m. SANTIAGO / LA VOZ

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El transporte público funciona con órdenes de continuidad desde hace años, al haber vencido la concesión.
El transporte público funciona con órdenes de continuidad desde hace años, al haber vencido la concesión. SANDRA ALONSO

El Tacgal interrumpe el proceso y el Ayuntamiento paraliza el plazo para la presentación de ofertas

31 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Santiago afronta otro retraso en el procedimiento para la contratación del nuevo servicio de transporte urbano, que se presta en precario desde hace casi una década, cuando venció la concesión. El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (Tacgal), que recibió cinco recursos contra el pliego que el Concello publicó en Navidad, ha declarado la suspensión cautelar del proceso de licitación, como pedían las empresas y uniones temporales de empresas que han cuestionado dicho pliego.

Según la alcaldesa, Goretti Sanmartín, esa decisión no afecta al plazo de presentación de ofertas, que vence el 9 de febrero, aunque el gobierno ha decidido suspenderlo también, «para amplialo de maneira razoable» una vez que el Tacgal resuelva los recursos que se han formulado. Así lo aprobará el lunes la Xunta de Goberno, para «garantir a transparencia e a igualdade entre todas as empresas que poidan estar interesadas», dijo ayer la alcaldesa, Goretti Sanmartín.

La regidora confía en que la respuesta de los técnicos municipales resuelva de forma satisfactoria para el tribunal todas las cuestiones planteadas y que el proceso pueda continuar sin mayor dilación una vez que este analice la situación. Según Sanmartín, los recursos obedecen a cuestiones esencialmente técnicas, como las que tienen que ver con características y derechos laborales de los trabajadores, aunque también se plantean dudas sobre el número de autobuses que tendrá que aportar el servicio y cuándo tienen que estar operativos.

Aparte de responder a las alegaciones que recogen esos recursos, los técnicos municipales aprovecharán, mientras resuelve el Tacgal, para contestar las preguntas formuladas por las empresas interesadas en la plataforma de contratación. Sanmartín se mostró ayer convencida de que el pliego que dio pie a la licitación de un nuevo servicio «é sólido» y relativizó la presentación de esos recursos. Son muy habituales, dijo, en licitaciones de esta entidad. El transporte urbano se licita por un importe superior a los 128 millones de euros y por un período de 13 años.

El contrato del servicio venció hacia mediados del mandato de Martiño Noriega (Compostela Aberta). Comenzó entonces a funcionar con órdenes de continuidad, lo que no permitió la renovación ni de los autobuses ni de su tecnología, al menos bajo el amparo contractual, porque llegó un momento en que el Ayuntamiento tuvo que recurrir a la contratación de nuevos buses en alquiler para sustituir a los que ya no aguantaban más. Ahora mismo, prácticamente la mitad de la flota funciona en alquiler, con un coste anual del entorno del millón y medio de euros para las arcas municipales. La otra mitad lo hace evidenciando a diario en las calles de la ciudad las deficiencias y carencias de una flota absolutamente obsoleta.

El popular Borja Verea indicó ayer en Radio Voz que, al margen de que haya o no recursos, fue una «irresponsabilidade» del gobierno de Sanmartín «esperar ao último ano para sacar un contrato tan importante», y que, entre CA, PSOE y BNG «nos imos poñer nun retraso de 12 anos». Y la consecuencia, dijo, es que «teñamos os peores buses de España».

Tres mandatos para renovar el servicio y un cuarto para tener la nueva flota

La renovación del transporte urbano habrá precisado al final tres mandatos para salir adelante. Y eso si el gobierno de Sanmartín logra adjudicarlo antes de las elecciones. Dependerá, inicialmente, de lo que resuelva ahora el Tacgal y de que no se presente ningún otro recurso en la recta final del proceso, cuando se formule la propuesta de adjudicación; pero también de la diligencia con que la Administración afronte el estudio de las ofertas que opten al concurso. En cualquier caso, los nuevos buses —los definitivos, no los de sustitución inicial de la flota actual— no estarán disponibles ya en este mandato. La concesionaria tendrá un año, desde la firma del contrato, para aportarlos.

El nuevo contrato del transporte urbano tenía que haberse convocado en el mandato de Compostela Aberta (2015-2019), pero este concluyó sin haber iniciado siquiera el proceso, mientras que el socialista Xosé Sánchez Bugallo (2019-2023) no logró abrir el concurso hasta la recta final del suyo. También entonces hubo recursos que lo paralizaron y en base a los que el Tacgal fijó la necesidad de introducir cambios en el pliego. Goretti Sanmartín se encontró con esa decisión escasas semanas después de llegar a la alcaldía y optó por abrir un nuevo concurso, en vez de trasladar a ese documento las correcciones apuntadas por el tribunal. Alegó que quería reformular algunas de las prestaciones del servicio que recogía aquel pliego. Eso abrió un proceso que se prolongó hasta la pasada Navidad, en que se publicó el nuevo concurso, ahora suspendido cautelarmente.

Un contrato complejo, pero no tanto

El transporte urbano tenía que estar afrontando ahora mismo la recta final de una nueva concesión. Así habría sido si se hubiese convocado el concurso cuando tocaba. En vez de eso, casi diez años después los compostelanos seguimos padeciendo las incomodidades de una flota que además ofrece una imagen de la ciudad que es para sonrojarse. Vale que se trata de un contrato complejo y de esos que se miran con lupa por los licitadores. Pero eso no justifica una demora de dos lustros.