La ordenanza que regulará el gravamen añadido está en fase de exposición pública, pero en Compostela no se podrá cobrar, como pronto, hasta el 2027
20 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.El gobierno de Goretti Sanmartín ha decidido regular la posibilidad que abrió la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda, para incrementar el impuesto de bienes inmuebles (IBI) a aquellos con uso residencial que estén desocupados. Se trata de motivar su salida al mercado del alquiler por la vía del recargo impositivo, aunque la medida no llegará a todos los desocupados. Solo a aquellos que lleven más de dos años inactivos y pertenezcan a titulares de cuatro o más inmuebles de uso residencial. Eso dice la norma estatal.
Para ello, los ayuntamientos han de aprobar una ordenanza, paso que ya ha iniciado Santiago. El pleno le dio el visto bueno inicial en septiembre, con el voto de BNG, CA, PSOE y no adscritos y la oposición del PP. Pendiente de aprobación definitiva, la ordenanza lleva al límite esos recargos, lo que supone que habrá propietarios a los que se pueda cargar hasta un 150 % más el importe del recibo. Pero, ¿a qué viviendas se les aplicará y qué motivos pueden justificar una desocupación para no imputarle el recargo? Porque no es suficiente con que los inmuebles estén sin uso. Ha de tratarse de viviendas declaradas desocupadas con carácter permanente.
¿Qué son las viviendas desocupadas con carácter permanente?
Según la ordenanza, son aquellas en las que, perteneciendo a titulares de cuatro o más inmuebles de uso residencial (no tiene que ser en el mismo municipio), concurran de forma continuada, sin causa justificada y durante más de dos años, al menos una de estas circunstancias: que no estén dadas de alta en el servicio de agua; que tengan un consumo de agua bimensual inferior a 0,10 m3 por día; que carezcan de suministro eléctrico o de gas o tengan un consumo anormalmente bajo; que no tengan a nadie empadronado; o que no puedan destinarse a alojamiento al ser declaradas en ruinas.
¿Cuáles son las causas que justifican una desocupación?
La ordenanza recoge ocho, entre ellas, el traslado temporal por razones laborales o de formación; el cambio de domicilio por situación de dependencia; o por razón de salud o emergencia social. También se justifica en segundas residencias, con un tope de 4 años de desocupación continuada; y en viviendas sujetas a rehabilitación que imposibiliten la ocupación efectiva, siempre que no haya falta de diligencia del titular en su conservación, cuando medie declaración de ruina.
¿Cuál es el procedimiento para declarar una vivienda desocupada?
La declaración con carácter permanente requiere la tramitación previa de un expediente administrativo, que será de oficio y en el que se dará audiencia al interesado en el plazo de 15 días. El plazo máximo en que debe notificarse la resolución será de seis meses.
¿Qué recargo se aplicará sobre el recibo del IBI?
Las viviendas que se declaren desocupadas con carácter permanente tendrán un recargo del 50 % de la cuota líquida del impuesto, recargo que será del 100 % para las que se declaren desocupadas por tiempo superior a tres años. Pero a aquellas que pertenezcan a propietarios con dos o más viviendas desocupadas en el término municipal se les aplicará uno adicional del 50 %, con lo que en el primer caso el recargo puede llegar al 100 % y, en el segundo, al 150 %.
¿Cuál es el importe medio del recibo del IBI urbano?
Está en poco más de 370 euros, con lo que una vivienda que esté en ese rango acabaría pagando 555 euros con un sobrecargo del 50 %, cifra que se elevaría a 740 euros con un aumento del cien por cien. La pena máxima, el 150 % de la cuota líquida, ya acercaría el importe a los mil euros: en concreto, 925. El recibo se dispararía con cargas tributarias que superan de forma importante la media. Un piso de la zona más céntrica del Ensanche y del entorno de los 110 metros cuadrados paga ahora unos 640 euros. Con el recargo más alto (150 %) se iría a 1.592 euros.
¿Cuándo se pondrá en marcha la medida?
En ningún caso, antes del 2027. La ordenanza está en exposición para su aprobación definitiva. Y a partir de ahí, depende de cuándo Raxoi disponga del censo de viviendas vacías, cuya elaboración no puede asumir con medios propios. Necesitará contratar una asistencia técnica, un gasto que quiere incluir en el presupuesto del 2026. Si no le diese tiempo a tener el censo para aplicarlo en enero del 2027, tendría que esperar ya al 2028.