Los dueños de tres casas en ruinas en Santiago se defienden en los juzgados de la venta forzosa
SANTIAGO
En paralelo a la vía judicial, plantean un acuerdo a Raxoi para retener la propiedad y rehabilitar en un año tras obtener licencia
14 abr 2025 . Actualizado a las 20:25 h.La comunidad de herederos de tres de las cuatro viviendas en ruinas que el Ayuntamiento sacó a venta forzosa el pasado 18 de marzo ha recurrido a la vía judicial para tratar de retener la titularidad de dichas propiedades. Y de momento, sus demandas, porque han sido dos, le han sido admitidas a trámite. Los dueños del número 5 de Praciña das Penas, el 14 de Loureiros y el 23 de San Roque han presentado recursos contencioso-administrativos contra la resolución del Concello que denegó la suspensión del procedimiento para su inclusión en el Rexistro de Soares (la herramienta que permite la venta forzosa) y otro frente a la resolución que determinó la venta forzosa, la que llevó a la apertura de la licitación que está ahora mismo en marcha para la subasta de dichos inmuebles.
Todo apuntaba a esa judicialización, después de que sus propietarios presentaran a principios de este año la solicitud de licencia de obra para los tres inmuebles. Una de ellas fue denegada ya el pasado 24 de marzo, en una decisión que la abogada de la propiedad califica de excesivamente ágil para lo que acostumbra el Ayuntamiento. «É absolutamente récord o tempo no que o departamento de Licenzas resolveu para denegar estas licenzas. Nunca vin un tempo semellante, parece que todo son trabas para impedir que rehabiliten», dice la letrada que ha asumido la defensa de la propiedad, que, en paralelo a la vía judicial, ha planteado una propuesta de acuerdo al Concello.
Todavía no han recibido respuesta, pero los titulares de dichos inmuebles han puesto sobre la mesa su «compromiso firme» de rehabilitarlos en un año, una vez que obtengan las licencias que han solicitado. Es el mismo plazo que se exige en el concurso abierto para su venta forzosa. Y, en el caso de que los presupuestos de ejecución puedan resultarles inasumible para afrontar directamente las obras, se comprometen a venderlas ellos mismos a terceros para que las rehabiliten, que es el fin último del concurso abierto por el Ayuntamiento.
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Vontade de rehabilitar
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Según su abogada, la propiedad «ten vontade de rehabilitar» y ofrece al Concello un acuerdo, dice, con el que se conseguiría lo mismo que con el procedimiento de subasta, salvo los ingresos que este pueda depararle al propio Ayuntamiento.
A través de la subasta, los propietarios de los inmuebles perciben el importe base con el que se abre la puja, mientras que el diferencial entre el precio de valoración y el de la oferta ganadora revertirá en las arcas del Ayuntamiento. Un acuerdo entre el Concello y la propiedad implicaría la suspensión del proceso de licitación, aunque esta no ha tenido respuesta todavía. Sí advierte que, de estimarse el recurso judicial contra la venta forzosa, habría que revertir la situación, con lo que «poderiamos atoparnos ante a situación de que un terceiro adquirira o inmoble e o rehabilitase e tivese que, en virtude da sentenza, reverter esa situación e entregarlla aos actuais propietarios, e o Concello facer fronte a unha responsabilidade patrimonial», dice su abogada.
Piden también la suspensión del proceso, pero en vía administrativa
La subasta abierta por el Ayuntamiento el pasado 18 de marzo admite la presentación de ofertas hasta el día 7 de abril, el próximo lunes, al filo de la medianoche. Inicialmente, el movimiento contencioso de la propiedad no paralizará el proceso iniciado por el Ayuntamiento, que otorgó veinte días naturales para hacer efectivas las pujas. Otra cosa es lo que pueda decidir el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (TacGal), un órgano de recurso por vía administrativa ante el que los titulares de esos tres inmuebles han impugnado la subasta, es decir, han solicitado la suspensión del proceso licitador. La petición es reciente, con lo que posiblemente no haya resolución en los próximos días.
La venta forzosa de esas tres viviendas y del número 33 de Espírito Santo ha salido a concurso por un precio conjunto de 420.323 euros, aunque la subasta se realiza por lotes individuales.