El Concello se personará en el «caso Desproi» al ser citados dos funcionarios
SANTIAGO
El interventor y el secretario general declararán ante la jueza como testigos
02 ago 2024 . Actualizado a las 05:00 h.El Concello de Santiago se personará en el «caso Desproi» tras conocer que dos altos funcionarios municipales, el interventor y el secretario general, han sido citados a declarar como testigos por la titular del Juzgado de Instrucción número 1 tras la petición que formuló la Fiscalía con el objetivo de que ambos concreten cuestiones relativas al acuerdo de la Xunta de Goberno Local del 14 de septiembre del 2021 por el que el Concello arrendó unas dependencias propiedad de la mercantil Desproi Patrimonial S.L. para alojar servicios municipales. A la propiedad de esta sociedad estuvo vinculado al menos hasta el año 2019 José Manuel Pichel, concejal socialista que formaba parte de la Xunta de Goberno que decidió la contratación y que, tras estallar el caso, dimitió del cargo en enero del 2023. Poco más de dos meses después, el grupo municipal del PP presentó la denuncia que dio lugar a las actuaciones judiciales.
«Son as primeiras citacións das que temos coñecemento e, analizada esta nova situación, ordenamos que o Concello se presente como parte do proceso», se limitó a explicar ayer la portavoz del gobierno local, Míriam Louzao.
Al justificar la petición de la comparecencia, como testigos, del interventor y el secretario del Concello, el fiscal jefe de Área de Santiago, Antonio Roma, alude al informe emitido por el interventor, Juan Ramón González Carnero, el 13 de septiembre del 2021 e incorporado a la causa, en el que informa favorablemente el expediente relativo a la prórroga del arrendamiento del citado local, pero llama la atención sobre el hecho de que «non figura no expediente informe xurídico que xustifique axeitadamente os motivos que sustentan esta adxudicación directa e a ausencia dun procedemento de concorrencia pública que é a norma xeral». El mismo funcionario emitió el 29 de diciembre del 2022 otro informe en el que se incide en la ausencia de la función interventora y apunta a un conjunto de incumplimientos normativos. Respecto al secretario, José Manuel González García, emitió un informe el 22 de mayo del 2023 cuyo contenido el fiscal considera que conviene precisar.