Es lo que ocurre cuando un proyecto normativo de tan grande impacto y sensibilidad como es el de vivienda se lanza en un momento de máximo interés electoral: se instala en el epicentro del debate político y la tensión estalla generando una onda expansiva de confusión alentada desde las distintas administraciones según sea su color partidario. Así, la Xunta reclama al Gobierno central que clarifique sus intenciones respecto a aspectos esenciales de la ley, como a quién corresponde declarar las zonas tensionadas que serán objetivo prioritario de acciones de choque como poner topes a los precios de los alquileres. Mientras, el ejecutivo de Santiago no solo le reclama ese mapa a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, sino que, de paso, le exige que determine qué es un vivienda vacía, de las que ahora resulta que hay unas 4.000 en la capital, cuando no hace mucho se hablaba del doble. Son signos evidentes, analizados desde el ámbito local más próximo, de la mala gestación de una futura ley española de vivienda, tan necesaria para resolver un gravísimo problema de incumplimiento de un derecho constitucional de todo ciudadano y que por eso mismo debería estar a salvo de la encarnizada pelea política. Y esto ocurre en una ciudad, como Santiago, que sufre hasta el extremo desde hace décadas el problema de acceso a la vivienda, hasta el punto de expulsar residentes a municipios del área metropolitana, sin que haya habido una acción consensuada entre las administraciones —Concello y Xunta— para evitarlo. Se dan todas las facilidades para que los polígonos industriales se llenen de supermercados y hamburgueserías pero no se construye vivienda pública en los barrios ni se ponen los medios para que los promotores inmobiliarios puedan hacerlo con unas mínimas garantías de que no perderán dinero. Y, encima, los intereses que tiene la Sareb en Santiago ante la futura ley no consisten en alquilar o vender a precios asequibles, como en la mayoría de sus propiedades por España adelante, sino en hacer caja con la operación Peleteiro. Todas las administraciones, todas, tienen que implicarse a fondo para resolver el problema de vivienda, y pueden hacerlo porque tienen los instrumentos para ello. Más voluntad real y menos contienda política.