El Concello de Santiago deberá solicitar una orden judicial para comprobar el estado de la casa okupa de Amor Ruibal

Los funcionarios del Concello de Santiago no podrán acceder a la casa okupada del número 10 de la calle Amor Ruibal mientras no haya una orden judicial que obligue a los actuales inquilinos a abrirles la puerta. Aunque el plan de Raxoi es el de comprobar cuanto antes el estado del inmueble y abrir un expediente de ruina o insalubridad previo al derribo, todo parece indicar que la solución no llegará pronto.

Como ya comprobaron los agentes de las policías Local y Nacional que se acercaron a la vivienda cuando hubo una explosión que alertó al resto del vecindario de Pontepedriña, si los okupas no quieren, no están obligados a dejarlos pasar. El único pretexto que tendrían las fuerzas del orden para acceder sería que existan indicios de que se está cometiendo un delito grave en su interior, aunque, como confirman residentes en el barrio, tras la citada detonación, la situación está calmada, con excepción de algún grito, ruido y basura abundante.

Será la Justicia la que deba iniciar el procedimiento de desahucio para que las personas que viven en el número 10 de Amor Ruibal tengan que abandonar la casa. Aunque esta semana miembros de la Policía Local de Santiago y funcionarios de la Seguridad Social y del servicio de Urbanismo pasaron por el lugar, una persona que se identificó como inquilina dijo que no iba a abrir. El portalón que da acceso a la parte baja sigue cerrado con un minúsculo candado que impide a Raxoi abordar, por el momento, el problema de okupación de Amor Ruibal.

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