Raxoi abordará el jueves la modificación urbanística que regula los pisos turísticos
SANTIAGO
Prevituga insta a poner orden en una fórmula de negocio «descontrolada»
03 sep 2022 . Actualizado a las 05:00 h.La modificación puntual del PXOM de Santiago que ordenará las Viviendas de Uso Turístico (VUT) llegará de nuevo a pleno en una sesión extraordinaria el próximo jueves, día 8. El documento había sido aprobado inicialmente en marzo del 2021, y tras el análisis de las alegaciones presentadas en la fase de exposición pública (en torno a 25, explicó ayer la concejala de Urbanismo, Mercedes Rosón) y la incorporación de los informes sectoriales preceptivos, el gobierno municipal plantea abrir una nueva exposición pública por un período de dos meses.
Mercedes Rosón señala que, aunque las variaciones introducidas no son de un especial calado, se opta por otra exposición pública para dar la mayor garantía jurídica a la modificación del título III del PXOM, de regulación de usos, para evitar que por una cuestión procedimental pueda ponerse en riesgo, como ocurrió en su día con la modificación del Plan Especial tramitada por Compostela Aberta. La titular de Urbanismo asegura que la aprobación definitiva llegará antes de marzo del 2023. Admite que la regulación es urgente en Santiago, y destaca que ya al poco de tomar posesión en junio del 2019 empezó a trabajar en la cuestión.
Por su parte, desde la Plataforma para la Regulación de las Viviendas Turísticas de Galicia (Prevituga) subrayan ante el inminente pleno la «ineludible obligación» del Concello santiagués de regular y poner orden «en una fórmula de negocio que consideramos descontrolada y que afecta gravemente a múltiples planos de la sociedad y tejido empresarial compostelanos». Expresan que no se oponen a las VUT, pero apelan a la necesidad inaplazable de una regulación y ordenación de ese modelo de negocio, ya que «la ausencia de norma está provocando graves e inadmisibles problemas de convivencia en las comunidades de vecinos». Al tiempo, insisten en que la relación directa entre la proliferación de VUT y el vaciado de alquiler de larga duración está provocando un aumento de precios de renta inasumibles para cualquier familia, que conlleva una dispersión de la población de la ciudad.
En esa línea, añade la plataforma que los estudiantes se ven expulsados de sus lugares tradicionales de residencia «debido a la ausencia de viviendas y los precios desorbitados, provocando incluso que tomen opciones diferentes a Compostela para realizar sus estudios o que tengan que vivir en concellos tan alejados en kilómetros de sus facultades que han tenido que reforzar su red de transportes para poder dar servicio».
Prevituga considera que otros modelos hosteleros distintos a las viviendas de uso turístico «se encuentran en absoluta desigualdad de condiciones, compitiendo desde un plano de exigencia normativa que no existe para las VUT», incidiendo además en que el actual limbo legislativo entre Concello y Xunta deja al consumidor en una situación de desamparo ante posibles incidencias durante su estancia.
Concluye que Santiago sufre dramáticamente una pérdida de identidad que atenta de forma directa contra el modelo de ciudad que la mayoría de la población siente: «Nadie desea la venecización de Santiago, la pérdida de vecinos, de tejido empresarial autóctono, de comercios y estudiantes que siempre han sido la vida de la ciudad». La plataforma pide así a la Xunta responsabilidad y coherencia para admitir que los ayuntamientos regulen y sean los responsables únicos para otorgar las licencias de actividad necesarias para las VUT.
Demanda la plataforma al Clúster de Turismo que defienda los intereses del turismo de calidad y sostenible, como única vía para que esa industria fundamental para Galicia sea el referente que ya es desde hace tiempo: «También pedimos al Clúster y sus dirigentes la valentía de defender en público lo que sin matices afirman en privado».
Manifiestan desde Prevituga su apoyo sin matices a la «actitud decidida, comprometida y responsable del Concello de Compostela en la ordenación y regulación de este modelo de negocio, que sin duda debe convivir entre la sociedad compostelana, pero nunca a su costa».