Amenazan con llevar al juzgado a la Catedral de Santiago si mantiene la mascarilla obligatoria

I. R. / S. L. SANTIAGO / LA VOZ

SANTIAGO

Sandra Alonso

La asociación Liberum asegura que acudirá a los tribunales si la Fundación Catedral no retira en 24 horas la exigencia del protector para acceder a la basílica

24 ago 2022 . Actualizado a las 05:00 h.

La asociación Liberum ha remitido a la Fundación Catedral de Santiago un requerimiento para que retire la obligatoriedad de llevar puesta mascarilla en el interior del templo. Ese colectivo sostiene en su escrito que la Fundación «vulnera y lesiona el principio de legalidad», y que la entidad podría estar incurriendo en un delito de coacciones.

El colectivo Liberum, que opera «con el propósito de restaurar los derechos y libertades que nos han sido usurpados en el transcurso de la pandemia covid-19», da en su escrito un plazo máximo de veinticuatro horas a la Fundación para hacer efectiva la retirada del uso obligatorio de las mascarillas. De no producirse dicha modificación, la asociación asegura que «se procederá a interponer cuantas acciones judiciales que en derecho correspondan» contra la institución responsable de la Catedral.

Liberum se ampara en el Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, norma mediante la que el Gobierno terminó con la obligatoriedad de portar tapabocas en cualquier espacio excepto en el transporte público y en centros sanitarios y sociosanitarios. En este sentido, desde el colectivo entienden que «bajo ningún concepto» la Fundación «puede imponer el uso de mascarilla en el interior, incluso habiendo aglomeraciones».

Y es que uno de los argumentos que esgrime la entidad al frente de la Catedral de Santiago para mantener el uso obligatorio del tapabocas es el hecho de no poder garantizar la distancia social debido a la alta afluencia de visitantes. Ante esto, la asociación manifiesta que la Fundación se considera «ilusamente al margen de la ley», y que se atribuye un rol de autoridad sanitaria que no le corresponde.

Desde Liberum sostienen que la institución está «presuntamente coaccionando a los ciudadanos» para que usen la mascarilla «sin amparo legal alguno». Tildan la actuación de «arbitraria e injusta», y dicen de la medida que es «absurda, carente de la más mínima evidencia científica» e inútil para prevenir el covid.