Ante esta situación, las familias reclaman a la consellería más profesorado desde inicios de curso. Como no lo recibieron, el 12 de noviembre lo exigieron por escrito, que presentaron en el Rexistro Electrónico de la Xunta. En este mes tampoco se solucionó el problema y, lo que más les indigna, ni les han respondido desde la Consellería de Educación.
Las familias se amparan en la nueva ley educativa, la Lomloe, en la que consta la obligación de la Administración educativa de dotar el apoyo de los recursos precisos para atender al alumnado con necesidades educativas especiales. Aluden asimismo a la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y a otra normativa, que consideran respalda sus pretensiones. Y aseguran que notan como sus hijos no están suficientemente atendidos en relación al curso pasado. Estas familias dicen que tienen apoyo en el instituto, que acaba de renovar el Consello escolar este mes.
