Aprobada una comisión de estudio para crear la empresa municipal de urbanismo
SANTIAGO
Fuerte debate en el pleno del Concello por el servicio de limpieza
26 nov 2021 . Actualizado a las 21:53 h.El Concello de Santiago volverá a dotarse de una empresa municipal para revitalizar la gestión del suelo residencial y empresarial, al estilo de la antigua Emuvissa. Este acuerdo, con el voto del grupo de gobierno y del BNG, y la abstención del PP y Compostela Aberta, fue uno de los asuntos más destacados del pleno ordinario —otra vez maratoniano— celebrado ayer, en el que también se produjo un vivo debate en materia de recogida de basuras y limpieza, con trabajadores de Urbaser manifestándose en el Obradoiro, y sobre turismo, con el acuerdo de plantear a la Xunta la creación de la polémica tasa.
En la exposición de la necesidad de la empresa municipal de urbanismo, el alcalde estableció un antes y un después de Emuvissa, operativa entre el 2000 y el 2011, período en el que se desarrollaron 16 polígonos, 13 de vivienda y 3 empresariales, y desde entonces, ninguno nuevo. Bugallo aludió a la demanda de vivienda en la ciudad y de suelo industrial, ya que al ritmo actual, dijo, en dos o tres años el polígono de A Sionlla estará «en fase de esgotamento». La propuesta aprobada no supone la creación ya de la sociedad mercantil pública urbanística, sino el paso previo: una comisión de estudio.
Jorge Duarte argumentó que a CA le parece bien que el Concello disponga de un instrumento «áxil, sostible e eficaz», pero defendió la enmienda —que solo tuvo apoyo del BNG— para que esta empresa pudiera asumir otras competencias, y citó expresamente el ciclo del agua y la gestión de obras. Esta posibilidad fue rechazada por el alcalde, por la necesidad de especialización de la gestión. El popular Alejandro Sánchez-Brunete pidió que la propuesta quedase sobre la mesa por no estar «suficientemente razonada».
Xan Duro (CA) elevó drásticamente el tono del pleno en el debate abierto por el PP en defensa de su proposición para agilizar al máximo la contratación del nuevo servicio de limpieza y recogida de residuos, defendida por José Antonio Constenla —y aprobada al quedarse solo el PSOE con su abstención— argumentando que «nuestros vecinos no pueden esperar más» por la situación «insostenible», el «problema de salud pública» —aludió a las islas de contenedores como «parque de atracciones de las ratas»— y la «imagen decadente» de la ciudad. Constenla acusó al gobierno de falta de gestión y de control porque una orden de continuidad, por la caducidad del contrato, «no puede suponer la alteración del servicio».
Por su parte, Xan Duro descalificó la actuación de la edila Mila Castro, y tras reprocharle haber echado por tierra el trabajo que para el concurso del nuevo contrato había realizado CA, afirmó que «arrepía ver a falta de control» y la «prepotencia» del gobierno, al que acusó de desoír las advertencias del personal de Urbaser sobre el deterioro del servicio. Añadió que el nuevo contrato «vai facer que Santiago incumpra a directiva europea de residuos» al no apostar, aseguró, por el reciclaje.
Mila Castro detalló que la situación de temporalidad del servicio «está a piques de rematar» y preguntó a Duro «que pasou entre o 2016 e o 2019?», cuando CA gobernó. Afirmó que se había reunido con el personal de Urbaser tres o cuatro veces y matizó el problema de las supuestas 21 bajas de trabajadores. También aseguró que en el 2022 Santiago contará con el quinto contenedor, el marrón de materia orgánica, y con islas de compostaje comunitario, e individual en el rural.
Respecto a la tasa turística, el nuevo intento de CA para avanzar hacia ese objetivo prosperó al revalidar el apoyo del BNG y conseguir que el grupo de gobierno se sumara a la iniciativa tras aceptar una enmienda socialista, de forma que el Concello planteará a la Xunta, que tiene la competencia, la necesidad de dar vía libre a la tasa. El PP se abstuvo.
Las mejoras en Concheiros pueden elevar en 250.000 euros el coste de la reforma
El alcalde de Santiago respondió una pregunta del BNG sobre el plan de reactivación de San Pedro y Concheiros. Frente a las críticas de Navia Rivas por las pérdidas de negocios y molestias a vecinos, que Bugallo dijo lamentar enormemente, el regidor subrayó el esfuerzo municipal en un proyecto cuyo resultado «será infinitamente mellor que no proxecto inicial» y en el que aseguró que se escuchó a los vecinos en cuestiones como mantener dos carriles de circulación. Esas mejoras, como incorporar granito a la gran plaza central, podrían suponer un incremento de coste de 250.000 euros, que se incluirán en el presupuesto del 2022. En cuanto a una compensación económica en el barrio sostiene que no es admisible, y recuerda que en lugar de unas contribuciones especiales que podrían demandarse a los propietarios de la zona para cubrir el 90 % de los 3 millones del proyecto, es el conjunto de compostelanos el que asume la inversión. El plan de reactivación de la zona lo desarrollará la técnica de comercio en enero, con la partida correspondiente.
En cuanto a la proposición defendida por Marta Lois (CA) para protección del pequeño comercio en la Cidade Vella, implementando medidas ya aprobadas en enero del 2020, ante los sucesivos cierres de comercio tradicional, con una pérdida de identidad de la ciudad histórica y progresiva turistificación para el BNG, Bugallo recordó la prioridad de fijar allí población y defender esos comercios, recordando que ni los gobiernos de PP ni CA encontraron fórmulas legales para prohibir las tiendas de souvenirs ni para la rebaja de alquileres.
Cigarrán (PP) defendió una moción (apoyada por el resto de la oposición y abstención del PSOE) para que los locales que el Concello ceda a entidades sin ánimo de lucro estén en mínimas condiciones. Sánchez-Brunete criticó la tardanza en la tramitación de licencias, abogando por agilizarlas con la Lei 9/2021. Rosón dijo que del 1 de julio del 2019 al mes pasado hubo 2.864 solicitudes, y se resolvieron 2.378.