Raxoi atribuye al anterior gobierno de Santiago la ocultación de los contratos a Contas

d. sampedro / o.p. arca SANTIAGO / LA VOZ

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Compostela Aberta alega que un problema técnico impidió remitir los datos

17 ago 2021 . Actualizado a las 11:49 h.

El gobierno local compostelano considera que «compre tomar nota» del severo informe realizado por el Consello de Contas de Galicia, en el que afea la conducta de Santiago y de otros diez ayuntamientos de su área de influencia por no notificar los datos de sus contrataciones del año 2018 con el fin de fiscalizarlas. Ahora bien, el alcalde en funciones, Sindo Guinarte, se desentiende de este asunto y carga toda la responsabilidad en el anterior gobierno de Compostela Aberta, ya que a partir del junio del 2019, una vez que el PSOE recuperó con Sánchez Bugallo el mando en Raxoi, «cónstame que se está a ser moi escrupuloso nesa materia», dijo Guinarte en declaraciones a La Voz.

El ejercicio del 2018 es el primero en el que entró en vigor la obligación de las entidades locales de remitir al órgano fiscalizador de cada comunidad -en el caso gallego es el Consello de Contas- todas las certificaciones de los contratos menores, es decir, aquellos cuyo importe es inferior a los 15.000 euros para servicios y suministros, y a los 40.000 euros para el caso de los contratos de obra.

Es un cambio introducido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que incorporó al ordenamiento jurídico español las últimas directivas y recomendaciones del ámbito europeo. Pues bien, la incorporación de este requisito cogió con el pie cambiado a muchos concellos y entidades dependientes, obligadas ahora a remitir a Contas mucha más documentación que antes, ya que los contratos menores representan más del 80 % de los materializados por los concellos. Sin ir más lejos, en el 2018 las entidades locales gallegas realizaron 21.354 contrataciones, y 19.265 fueron contratos menores.

Esta es una de las razones que arguyen desde Compostela Aberta para explicar las motivos que hay detrás de que el Concello de Santiago no remitiera en los plazos previstos la documentación sobre las contrataciones públicas al Consello de Contas.

«Non atopamos como facelo»

La concejala María Rozas, que fue responsable de Economía e Facenda en el gobierno anterior presidido por Martiño Noriega, admitió que no se remitieron los datos de los contratos a Contas en su momento porque en la plataforma telemática del ente fiscalizador «non atopamos habilitada unha fórmula de como facelo, de como subir os contratos menores».

Añade Rozas que este inconveniente técnico motivó incluso que se abriera una «incidencia» con el Consello de Contas con el fin de buscar un procedimiento para remitir los contratos. Ahora bien, la respuesta de Contas al Raxoi se produjo el 27 de mayo del 2019, según la exconcejala de Economía, justo el día después de las elecciones municipales y cuando el ejecutivo de Compostela Aberta entraba ya en funciones. «Fixemos constar o ocorrido no traspasos de poderes ao goberno actual», concluye María Rozas, que cree que en dos años tuvo tiempo suficiente para remitir las contrataciones del 2018 con las que no hubo -remarcó- «ningún afán de ocultación».

El alcalde en funciones de Santiago manifestó que aún no tuvo ocasión de revisar la memoria de Contas, por lo que evita hacer una valoración en profundidad, pero insiste en que «non me consta», dijo, que haya ningún tipo de ocultación o fraccionamiento de contratos por parte del gobierno local que tomó posesión en junio del 2019.

El incremento de los contratos menores e n el 2020 es algo que Compostela Aberta le recriminó al gobierno de Bugallo, a lo que Guinarte respondió que se trata de «un método de execución orzamentaria perfectamente válido» para las cuestiones previstas en la ley. «O que non o é -añade- é facer unha división de contratos para adxudicar algo que requiriría unha licitación aberta doutro tipo».

Amonestación a Arzúa y Teo por no remitir los pliegos de adjudicación de tres actuaciones

Buena parte del informe elaborado por el Consello de Contas sobre las contrataciones de las entidades locales realizadas en el ejercicio del 2018 estaba concebido para introducirlas en la dinámica de empezar a informar sobre los contratos de menor cuantía al ente supervisor de las finanzas públicas, pero también para controlar los fraccionamientos artificiosos de contratos, las adjudicaciones mayores o los endosados a ejercicios diferentes.

Los concellos de Arzúa y Teo fueron señalados por Contas por no incluir en la relación de contratos del 2018 dos expedientes de adjudicación. El que echa en falta el órgano fiscalizador en Teo es un contrato de servicios por importe de 180.000, mientras en Arzúa hay uno por valor de 280.000 euros y otro por un importen de 2,8 millones.

Arzúa también es el único municipio del área compostela señalado por Contas por acumular más del 60 % del importe de las licitaciones en los contratos menores, que suman 14 de un total de 23 en el 2018, y también por rebasar el límite de contrato menor de servicios en la mejoras realizadas en la EDAR, que ascendieron a 21.900 euros.

Contas saca a colación el caso del Concello de Touro por adjudicar tres contratos de obras en el 2018 que figuran en la relación del 2019, algo que también le reprocha con dos contratos de suministro al Concello de Vedra.