Santiago y otros diez concellos del área ocultaron sus contratos a Contas

Domingos Sampedro
domingos sampedro SANTIAGO / LA VOZ

SANTIAGO

XOAN A. SOLER

El órgano fiscalizador de Galicia detectó «indicios de fraccionamento» en varias licitaciones de Arzúa, Brión y Touro

16 ago 2021 . Actualizado a las 21:36 h.

Antes de que finalice el mes de febrero, todas las entidades locales de Galicia están obligadas a remitir al Consello de Contas una relación de los contratos de obras, servicios o suministros que hayan suscrito en el ejercicio anterior para fiscalizarlos. No obstante, hay un puñado importante de municipios (el 31,6 % del total), que se salta este deber legal y oculta sus contrataciones al órgano que supervisa las finanzas públicas en la comunidad. Entre los incumplidores figura el Concello de Santiago, junto con media docena de entidades o sociedades mercantiles dependientes, así como otros diez ayuntamientos de su área de influencia.

La memoria anual del 2020, remitida por el Consello de Contas al Parlamento el pasado julio, recoge un informe específico sobre la transparencia de los contratos y licitaciones públicas, habida cuenta de la tendencia tan extendida de fraccionar pliegos de contratación para esquivar los controles. Los datos que recopila son los del ejercicio del 2018, el año previo a las elecciones municipales de mayo del 2019, en el que solo seis de los 25 ayuntamientos del área de Santiago cumplieron en plazo estipulado con su deber de enviar a Contas la documentación necesaria para la fiscalización.

Los ayuntamientos que cumplieron esta regla en el 2018 son los de Ames, Boqueixón, Brión, Melide, Padrón y Vedra. La información remitida por todos ellos fue correcta, aunque, en el caso de Brión, los técnicos de Contas detectaron «indicios de fraccionamento» en tres contratos por un importe de 34.830 euros relacionados con el suministro de materiales y el mantenimiento de diversas pistas municipales.

También remitieron la documentación al ente fiscalizador de Galicia, aunque lo hicieron fuera de plazo, otros ocho concellos: Arzúa, Boimorto, Dodro, Negreira, Teo, Toques, Tordoia y Touro. En la misma situación se encuentran dos entidades de carácter local, como es la Mancomunidade de Ordes y la Mancomunidade de Concellos do Tambre, que agrupa a Negreira y A Baña. También remitió los papeles fuera de plazo, aunque en su caso presentando una liquidación negativa, la Mancomunidade Ulla e Umia.

Los incumplidores

Pero es el grupo de incumplidores donde figuran la mayor parte de los ayuntamientos del área compostelana. Hasta once corporaciones locales y otras tantas sociedades o entidades dependientes eludieron remitir a Contas los datos sobre sus contrataciones y adjudicaciones directas por contrato menor del ejercicio del 2018.

En esta situación se encuentra el Concello de Santiago y entes dependientes como la Fundación Eugenio Granell y el Refuxio de Animais, así como el Auditorio de Galicia, las sociedades mercantiles Información e Comunicación Local SA, Mercados Centrais de Abastos y la Sociedade Municipal de Xestión do Transporte Urbano. El incumplimiento es achacable, en todo caso, al gobierno anterior de Compostela Aberta, que debería haber suministrado las certificaciones antes de las elecciones de mayo del 2019 y no lo hizo.

En la misma situación se hallan A Baña, Frades, O Pino, Ordes, Oroso, Rois, Santa Comba, Santiso, Trazo y Val do Dubra, así como organismos participados como la Fundación de Protección dos Minusválidos Psíquicos da Comarca de Negreira, la Fundación Ruta Xacobea do Mar de Arousa e Ulla, con sede en Padrón, la Mancomunidade da Comarca de Compostela, la de Concellos do Camiño Francés o la de Serra do Barbanza, en la que participan Ames, Brión y Rois.

En el apartado de los reparos, Contas solo señala los indicios de fraccionamiento de contratos de Brión, antes citados, así como otros doce más del Concello de Touro relativos a la fiesta de la tercera edad y la coordinación de seguridad de varias obras, aunque el ránking de reparos lo lidera Arzúa, donde se detectaron 23 contratos con indicios de fraccionamiento por un importe de 373.000 euros.