Ferreira asegura desconocer las causas por las que se externalizó el servicio en el 2014, pues antes ya lo asumía la USC. En marzo del 2018, antes de tomar posesión el rector Antonio López, se licitó de nuevo y quedó desierto. El actual gobierno de la USC se vio «obrigado a prorrogar o contrato», primero en Santiago y después en Lugo. Lo mismo ocurrió tras la pandemia.
En el 2019 encargó un informe jurídico a Carlos Amoedo, y otro económico a Indoconsulting (una consultora del sector de limpieza), para valorar la posibilidad de prestarlo directamente, y se consideró que era la opción preferente «e de acordo co artigo 148 dos nosos estatutos». Se incorporó además esa opción en el plan de equilibrio económico-financiero elaborado en el 2019 y presentado a la Xunta. Se negoció y se llegó a acuerdos con los sindicatos CIG, CUT y CC. OO.; y se le comunicó a las empresas, con las que «a relación até agora é tamén boa», asegura el gerente.
