El Ayuntamiento regulará los pisos turísticos implantados ya con algún amparo legal

PP y BNG le piden que termine con la incertidumbre de este colectivo


santiago / la voz

La corporación municipal aprobó ayer la modificación puntual del Plan Especial del casco viejo para eliminar el artículo 143 bis y las referencias en el resto del articulado, concernientes a la prohibición de alojamientos temporales, que invalidó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a raíz del recurso judicial promovido por el propietario de un piso turístico. Esa modificación no ha alterado la posición del gobierno municipal con respecto al uso turístico de inmuebles residenciales, con lo que el planeamiento mantiene su prohibición en todo el casco viejo, al considerar que se trata de una actividad turística.

Pero la adaptación del texto no ha resuelto qué pasará con los pisos que ya están funcionando, una cuestión introducida en el debate tanto por el representante de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia que intervino al principio del pleno, Óscar Soneira, como por los portavoces de PP y BNG. «Levan tres anos xerando inquedanza entre os propietarios», dijo Soneira tras apuntar que el Concello iba a «ratificarse nun erro» con el visto bueno a un texto que prosperó con los votos del PSOE y BNG y la abstención de populares y nacionalistas, quienes coincidieron en que, si bien la aparición de los pisos turísticos agravó el vaciado del casco viejo, su origen fue previo, y lo ligaron a la carencia de servicios.

«Estamos aprobando unha normativa e non sabemos que solución lle vai dar aos usos preexistentes»

Pero también confluyeron en su interés por saber qué pasará con los que ya funcionan, más allá de admitir la necesidad de que se regule la implantación de esta modalidad de alojamiento. «Estamos aprobando unha normativa e non sabemos que solución lle vai dar aos usos preexistentes», apuntó Goretti Sanmartín (BNG), que insiste en la necesidad de contemplar algunos usos para viviendas de economía colaborativa. «E iso xera incertidume», dijo, la misma incertidumbre a la que apeló Alejandro Sánchez-Brunete (PP) para demandar una respuesta acerca de qué pasará con las «expectativas» de quienes ya tienen una vivienda dedicada a uso turístico, «familias que han organizado su vida en función de esa renta complementaria».

Modificación también del PXOM

Rosón entiende que no hay lugar para tal incertidumbre porque a los pisos en funcionamiento se les notificó, «e nunha porcentaxe importante de casos», que «ese uso non se axustaba á legalidade», pero anunció que los ya implantados se regularán a través de una ordenanza específica al hilo de la modificación del PXOM, ahora en trámite para regular los usos urbanísticos en la ciudad.

La edila de Urbanismo no entró en más detalles, si bien el portavoz socialista, Sindo Guinarte, precisó en la intervención que cerró ese debate que será una regulación «específica e singular» para las viviendas de uso turístico ya existentes «que están agora mesmo reguladas ou legalizadas nalgún ámbito, aínda que non sexa o municipal». Eso resolverá cómo quedarán las que el Concello entiende hasta ahora que están con todas las de la ley (las que constan en el registro de la Xunta y cuentan además con licencia municipal) y abrirá expectativas para las que solo están en el registro autonómico, la gran mayoría de las implantadas en la ciudad con el amparo de alguna Administración.

Rosón reiteró la necesidad, al igual que CA, de limitar y regular la implantación de esta modalidad de alojamiento por su efecto en la disposición de vivienda para el alquiler tradicional y el desequilibrio que genera a nivel de población residencial, especialmente en el casco viejo, para el que CA demandó que se prosiga con la revisión que se había iniciado en su mandato y que «paralizaron» los socialistas, apuntó Jorge Duarte. Pero, en cuanto al texto validado ayer, Brunete aventuró más recursos judiciales en la zona vieja al mantenerse la prohibición en base a la consideración de que ese uso es una actividad turística: «Van a hacer lo que les dé la gana, imponer su criterio y, al que no le guste, que recurra, con lo que va a haber una presión permanente de demandas judiciales. Si quieren prohibir háganlo de acuerdo a la ley, pero no de forma arbitraria».

Desunión con el Día

da Muller

 

El pleno, que arrancó a las 10.00 y se prolongó hasta las 20.30, con un descanso de cerca de dos horas, desestimó la petición de CA de hacer una consulta popular sobre la gestión futura del agua y aprobó una moción conjunta de PSOE, CA y BNG en apoyo de las movilizaciones y reivindicaciones del movimiento feminista gallego para el Día da Muller. El PP se descolgó. Se suma a la declaración de la FEMP y ve contraindicadas las movilizaciones, por el covid. Prosperó también la petición de CA de mejorar las instalaciones de atletismo y la del PP (esta por unanimidad) para solicitar la inclusión de Santiago en un programa del Gobierno sobre empresas innovadoras que deseen instalarse en España.

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