Raxoi, abocado a adelantar 9 millones de deuda al no haber decreto de remanentes

El Ayuntamiento de Santiago se verá abocado a reducir su deuda bancaria anticipadamente en 9,5 millones de euros tras el revés que el gobierno de Pedro Sánchez sufrió anteayer en el Congreso, que no validó su acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El rechazo de ese decreto, que en esencia facilitaría el acceso del Estado a 15.000 millones de remanentes que acumulan los municipios y relajaría las actuales restricciones al gasto del superávit municipal, devuelve a las administraciones locales a las reglas de juego que fija la conocida como ley Montoro, que prioriza el destino del superávit para el pago de deuda bancaria.

Si no media otro acuerdo que abra parcialmente la posibilidad de habilitar nuevos destinos para esos remanentes (como se venía haciendo normalmente a la altura de marzo, y como hizo Madrid específicamente este año para asumir gastos sociales derivados de la crisis del covid), a final de año Raxoi deberá destinar esos 9,5 millones a rebajar su carga bancaria. Con el nivel de deuda financiera más bajo de los últimos lustros y los gastos imprevistos y extraordinarios que el Concello ha tenido que asumir a consecuencia de la pandemia sanitaria, el gobierno municipal entiende que el mejor destino para esos fondos no está ahora mismo en la caja de la entidades bancarias, sino en atender esos gastos y las necesidades de equipamiento de la ciudad. Ese es el discurso que también mantuvo Compostela Aberta durante su mandato, porque, pese a que los decretos anuales que modulaban las restricciones de la ley Montoro iban abriendo otras vías de gasto para los remanentes, una parte seguía vinculada a la cancelación adelantada de deuda.

El alcalde y su concejala de Facenda, Marta Abal, esperan que Madrid sea capaz de aportar otra alternativa antes de que esos remanentes acaben enjugando deuda bancaria. Porque, eso «pode beneficiar aos bancos, pero non aos cidadáns, que se preguntarán se esa é a prioridade nestes momentos», dice el regidor. Sánchez Bugallo recordaba ayer que había observado cuestiones en el decreto ahora derogado que podrían mejorarse, pero advierte que su rechazo en el Congreso sitúa a los ayuntamientos en un escenario «infinitamente peor».

Con una deuda municipal ahora mismo «moi modesta en relación coa capacidade orzamentaria» y en buena medida con intereses muy bajos, el regidor defiende la dinamización económica y las urgencias de la ciudad requieren más esa atención financiera que la rebaja de la deuda.

«El rechazo del decreto «pode ser unha bofetada ao Goberno, pero en realidade é unha patada no traseiro a moitos concellos e cidadáns»

Aunque en Madrid, Gobierno y oposición se achacan ahora la responsabilidad de buscar una alternativa, en Raxoi no solo la demandan, sino que la urgen. El año se encamina a su cierre y sin una solución que permita comprometer parte de ese gasto en otras ámbitos, se irá todo a compensar deuda. «Que busquen un acordo que permita utilizar os remanentes en beneficio da sociedade na situación de urxencia que estamos a vivir», demanda Bugallo, porque el rechazo del decreto «pode ser unha bofetada ao Goberno, pero en realidade é unha patada no traseiro a moitos concellos e cidadáns».

Raxoi dispuso este año de un superávit de once millones, de los que gastó 1,5 autorizados por el Gobierno para afrontar gasto social por el covid y para la compra de coches eléctricos. El resto está inmovilizado. Sin incurrir en déficit, todavía tendría ocasión de gastar otros 4,2 millones. Pero, sin un decreto que ampare esa posibilidad, ya sea en las condiciones del rechazado o las que defina otro, ese importe, con el resto del superávit (hasta un total de 9,5 millones) amortizarán deuda bancaria por adelantado.

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