Okupación: todas las caras del poliedro


En nuestros días, convivimos con el término okupación. Un problema ante el que podríamos pensar que nos encontramos ante una disfunción de la sociedad actual y una consecuencia del deterioro del Estado de Bienestar.

Cada vez son más los propietarios de viviendas que ven como son okupadas de manera ilegal, por parte de inquilinos indeseados. Unos hablan de desahucio exprés, otros de largo proceso interminable, otros del uso de la fuerza… Una materia compleja y llena de dificultades, legales y morales.

Los datos hablan por sí solos. Hace pocos años, apenas se apreciaban casos. Lo más probable es que corrigiéramos en el periódico esa falta de ortografía que contenía la palabra okupación. En los últimos cinco años el incremento de casos alcanza un 58 %, según datos de la Guardia Civil y la Policía Nacional ¿Causas? Múltiples y variadas. Afortunadamente, vivimos en un país donde las ayudas a las personas más desfavorecidas son cada vez mayores. Sin embargo, con excesiva profusión, o al menos con la mayor notoriedad, los grupos okupas muestran un discurso cargado de demagogia, con intenciones que semejan distantes de la ideología manifestada.

Nuestra Constitución, en su artículo 33, consagra el derecho a la propiedad privada, al igual que la amplia mayoría de nuestros vecinos europeos. Se configura como garantía de los ciudadanos el poder disponer libremente de sus bienes, y las limitaciones a sus legítimos derechos han de responder a la utilidad pública o al interés social, además de indemnizadas.

Son varias las vías del propietario para recuperar la posesión del inmueble. Ya en el Derecho Romano se regulaba esta práctica de ocupar lo ajeno. Cuando un individuo entraba en el fundo que no era su propiedad sin justo título para poseer, el propietario tenía un interdicto -acción civil- para ejercer su derecho a poseer, pero siempre por la vía pacífica, recordando los fines del Derecho, muy alejados de la Lex de Talión que prescribía el ojo por ojo, diente por diente. Ese interdicto ya trataba de ser un procedimiento singular, ágil, evitando someter la okupación a los trámites ordinarios, procurando una respuesta práctica y dotada de inmediatez. Hoy en día, muchos siglos después, el problema es el mismo: el Derecho -y por ende la Justicia- buscan el equilibrio entre la protección del más débil y la garantía del más fuerte.

Cuando colectivos okupas emplean términos como capital o especulación, pensemos en el hijo que regresa a Galicia a levantar la casa de su madre fallecida durante el reciente estado de alarma y se encuentra la vivienda okupada. Mientras, él mismo debe pagar un alquiler en la ciudad en la que trabaja. Ese, y otros muchos casos en los que no podemos extendernos, deben hacernos pensar que, allende ideales y movimientos con más o menos justificación y sinceridad confesable, el fenómeno okupación constituye un poliedro de múltiples caras.

Por José Andrés Bayón Abogado en Santiago

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