Pokémon: la bomba que acabó en petardo

El caso ahora archivado dinamitó al PP y generó una psicosis entre los funcionarios del Concello, que dilataban los procedimientos por miedo a ser imputados por Pilar de Lara


santiago / la voz

Nació como una bomba, como la gran macrocausa contra la corrupción política en Galicia que afectaba tanto al PP y al PSOE como, en menor medida, al BNG. Pero tras un inicio fulgurante, lleno de detenciones mediáticas, desfile de investigados en los juzgados de Lugo, fianzas de miles de euros e incluso alguna prisión preventiva, la jueza que dirigía la instrucción, Pilar de Lara Cifuentes, no encontró ningún delito punible y aquel bombazo ha quedado en un mero petardo. Uno pequeño, pero su explosión sí ha dañado a aquellos que, como los últimos once desimputados en la principal pieza de la investigación en Santiago, sufrieron durante siete años el peso de estar implicados en este asunto sin que jamás se concretase contra ellos ninguna acusación en firme.

En el auto con el que la jueza de Santiago Ana López-Suevos ha archivado esta pieza de la Pokémon compostelana hace hincapié en que los hechos investigados nunca estuvieron claros, lo que ha generado una gravísima indefensión en los investigados. Un caos que no solo les afectó a ellos personal y profesionalmente, sino que acabó por tener consecuencias para todo el Concello, porque se generó un clima de psicosis entre los funcionarios municipales, que tenían pánico a firmar cualquier documento por miedo a acabar imputados por De Lara.

«Nadie firmaba nada y hoy es el día en que los pliegos técnicos se externalizan porque los funcionarios están escaldados», explica un trabajador del Ayuntamiento. Aquella tensión de ver a compañeros detenidos y esposados ante sus ojos, como fue el caso de Román Otero, cambió para siempre el modo de trabajar en las oficinas municipales, donde los procedimientos administrativos se ralentizan por el celo de aquellos que tienen que darle su visto bueno.

Empresas temerosas

«Por cambiar, cambió hasta la forma en que los representantes de las empresas concesionarias se relacionaban con el Concello. Si antes pasaban una vez por semana para despachar con los responsables y podías tomar un café con ellos, de repente, dejaron de venir», recuerda un funcionario municipal. «Hasta sé de empresas contratistas que dejaron de operar en la ciudad por miedo a lo que pudiera pasarles», añade.

La lista de asuntos investigados en esta rama del caso es larga, pero muy poco concreta, como le reprocha en su auto López-Suevos a su compañera De Lara. Figuran la adjudicación de un contrato para la gestión de multas a la empresa catalana GRS Arc Local, la compra de unos autobuses a la firma Talleres La Campiña SL, la financiación del PP compostelano, la adjudicación de contratos a empresas supuestamente favorecidas, la contratación de trabajadores enchufados, irregularidades urbanísticas en la Finca do Espiño, la aceptación de regalos en razón del cargo o la retirada de multas.

La tesis argumental de la jueza De Lara fue que hubo concejales y funcionarios de Santiago concertados con empresas para adjudicarles de modo irregular concursos influyendo en los técnicos encargados de la contratación. A cambio de esos favorecer, habrían recibido supuestos sobornos como dinero, viajes, regalos o la contratación de trabajadores. Cuestiones muy serias para que jamás se aclarasen. La propia López-Suevos califica en su auto como «absolutamente xenérica» la descripción del objeto del procedimiento y afea a su compañera que no concretase «as empresas supostamente favorecidas nos concursos» ni identificase los procesos de contratación irregulares, los posibles enchufados, las multas que se retiraron ni qué personas ofrecieron o recibieron regalos. «Tampouco se individualiza minimamente a imputación que se dirixe contra cada un dos investigados cando é de supoñer que non todos eles participaron en cada unha das presuntas condutas delitivas», reprocha la magistrada compostelana a su compañera.

En todos los casos, las imputaciones fueron, como recalca López-Suevos, «amplas e xenéricas» e incluso inexistentes, como ocurrió con el funcionario del servicio de contratación Román Otero. «Na gravación que nos foi remitida contendo a dilixencia de toma de declaración non consta ningunha imputación de feitos. Descoñecemos se o anterior responde a un problema técnico ou se non foi efectivamente realizada», incide la titular de Instrucción número 1 de Santiago.

Una crítica que hace extensible a las once personas ahora desimputadas, señalando que, tras siete años de instrucción y tomadas medidas graves contra ellas «que restrinxiron a súa liberdade persoal, alén da incertidume e angustia asociadas ao feito de atoparse inmersos nun proceso xudicial, resúltanos imposíbel determinar con exactitude que feitos delitivos se atribúe a cada un deles neste procedemento».

En definitiva, una instrucción llamativamente inconcreta si se tienen en cuenta los graves delitos que se suponía que investigaba y las terribles consecuencias que tuvo para cada uno de los implicados, pero también para el propio Concello. No hay que olvidar que, en Galicia, hubo alcaldes y concejales que tuvieron que dimitir y, en Santiago, concretamente, el caso Pokémon dinamitó al PP y sus expectativas electorales para revalidar la alcaldía de la ciudad, que tras tantos intentos fallidos había logrado.

«Nadie firmaba nada por miedo a acabar imputados», relata un funcionario

El auto por el que se archiva la causa critica las graves consecuencias sobre los imputados

La pieza archivada incluía una larga lista de supuestos delitos que nunca se concretaron

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