Los santiagueses desembolsarán este año 34 millones por su patrimonio inmobiliario
16 feb 2020 . Actualizado a las 05:00 h.Más de 72 millones de euros. Eso es lo que saldrá en conjunto de los bolsillos de los compostelanos por la carga fiscal asociada a sus propiedades, a la movilidad motorizada, a los impuestos especiales, a la actividad económica de las empresas radicadas en la ciudad y a las tasas e impuestos vinculados con el urbanismo y la prestación de servicios municipales. El listado se complementa con las sanciones de todo tipo que conllevan las infracciones a la normativa municipal.
Esa es la previsión inicial de ingresos que hace el Ayuntamiento por impuestos directos (48,5 millones), indirectos (4,3) y tasas (19,3) y que mejora en más de 1,6 millones las expectativas con respecto a las iniciales del 2019. El incremento se sostiene esencialmente por el millón de euros a mayores que generarán los impuestos directos y el casi medio millón del capítulo de tasas.
Los directos (sobre la renta, el IBI, el impuesto de vehículos, las plusvalías y el IAE) son los que nutren en mayor medida la hacienda municipal. Y, entre ellos, el 71 % provienen del IBI. El impuesto de bienes inmuebles sufraga por sí solo el 30 % del presupuesto (el 34 % con el impuesto de vehículos), que se elevará a 117 millones. Los compostelanos con propiedades no exentas de ese tributo contribuirán con 33,88 millones, a los que hay que añadir los 900.000 euros de los inmuebles de características especiales (autopistas y aeropuertos).
Los ingresos municipales por IBI crecerán de nuevo, aunque en esta ocasión de forma muy comedida. Congelado el tipo para el urbano, y vencidos ya los efectos de la repercusión en el recibo de la revisión catastral del 2009 (hasta el 2019 supuso un incremento medio anual próximo al 6 %) y de los ingresos extraordinarios que dejó la regularización del 2018, la contribución apenas aportará 350.000 euros a mayores sobre la previsión del 2019. En buena medida, por nueva construcción, pero también por la ligera subida del IBI urbano no residencial y por la acción inspectora del Concello. En la misma magnitud (unos 300.000 euros) mejorarán los ingresos vinculados a la renta de personas físicas y al impuesto de plusvalías. El primero alimentará el presupuesto con casi 2,7 millones de euros y el otro, con prácticamente 3.
El segundo impuesto municipal directo con mayor afectación general al bolsillo del contribuyente sigue siendo el que grava los vehículos de tracción mecánica. Los compostelanos contribuirán este año con 4,9 millones de euros, lo que supone una subida ínfima (35.000 euros sobre las previsiones del 2019), aunque para las arcas locales viene a ser como un cambio de tendencia después de varios años de bajadas o de contención de ingresos por la crisis (sobre todo) y los beneficios fiscales promovidos para incentivar la todavía tímida introducción de los coches eléctricos e híbridos.
Las tasas, el gran sostén de los ingresos municipales después de los impuestos directos y de las transferencias corrientes de otras administraciones (32,2 millones este año), le dejarán al Ayuntamiento casi 20 millones, apenas medio millón por encima de las expectativas iniciales del 2019.
La venta de suelo y un crédito de 2,6 millones financian la mitad de las inversiones
Las inversiones iniciales que prevé el presupuesto al que la Xunta de Goberno dará su aprobación mañana rondarán los 14,6 millones de euros y en su financiación jugarán un papel determinante la venta de suelo y el recurso a nueva deuda. Aunque el capítulo consta de proyectos e inversiones amparados por recursos propios y aportaciones de otras administraciones (entre ellas las vinculadas con el programa Edusi), el mayor peso de su financiación recaerá en la enajenación de patrimonio municipal y en el recurso a créditos bancarios.
Raxoi prevé ingresar más de cinco millones de euros por la venta de suelo y reforzar el capítulo inversor con un préstamo de 2,5 millones. Entre ambos cubrirán más de la mitad del gasto programado en ese capítulo, si bien el que se vincule a los ingresos por la enajenación de patrimonio inmobiliario dependerá de la cadencia con que este se vaya colocando en el mercado y, en última instancia, de la medida en que se cumplan esas expectativas.