No ve delito penal en el conflicto que el acusado mantiene con una empleada
28 ene 2020 . Actualizado a las 17:34 h.Ramón Sanjuán Espiñeira, propietario de Hedegasa Autobuses de Calo, y su hija, Marina Sanjuán Abad, asesora jurídica de la empresa, salieron ayer más aliviados de lo que entraron a la sala de vistas del Juzgado de lo Penal número 1 de Santiago en la que se celebró el juicio contra ambos, acusados de acoso laboral a una empleada, Nélida Pisco. Se sentaron en el banquillo con la losa de una petición de dos años de cárcel y 100.000 euros de indemnización por parte de la acusación particular, pero se levantaron sabiendo que el fiscal, que ya había solicitado el archivo de la causa y que no formuló acusación contra ellos, tampoco encontró al finalizar el plenario motivos para cambiar de opinión y pidió su libre absolución.
El caso se remonta a catorce años atrás y ha generado un sinfín de juicios en el ámbito social. Nélida Pisco entró a trabajar en Autobuses de Calo y sus primeros años fueron, como reconoció en el juicio Sanjuán Espiñeira, muy buenos. «Estuvo trabajando bien», afirmó. Tanto, que la conductora hasta era objeto de noticias de prensa como mujer en un trabajo hasta hace poco copado solo por hombres. Los problemas surgieron a partir del 2006, cuando la empleada tuvo un hijo prematuro que necesitaba una atención especial y pidió reducción de jornada para poder atenderlo.
La relación se deterioró al extremo y se judicializó. En este tiempo, ha habido una multitud de procedimientos con sentencias favorables a uno y otro bando, pero en las que tanto los juzgados de lo social como el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) han fallado dando la razón a la trabajadora en los aspectos esenciales del conflicto, ya que han anulado dos despidos y reconocido su derecho a la jornada reducida.
En el juicio, la defensa del dueño de Autobuses de Calo y de su hija en ningún momento negó la existencia de ese grave conflicto, pero lo circunscribió al ámbito meramente laboral, de disputa de derechos, y sin que, afirmó, se hayan producido en ningún momento hechos que puedan encajar en el delito penal de acoso laboral. Para ello, recordó que Ramón Sanjuán vive en A Coruña y que su hija lo hace en Madrid, por lo que físicamente no coinciden con la trabajadora, que además acumula muchas bajas médicas por las que pasa largas temporadas sin trabajar.
Esa tesis de la defensa es la misma que hizo el fiscal, que considera que los hechos que sí han merecido reproche legal en el ámbito social no implican que haya existido un delito penal y cuestionó que el proceso se haya dirigido contra el propietario y su hija cuando el conflicto la empleada realmente lo tiene en mayor medida con el encargado, José Iglesias, «y él no está acusado», recordó el representante del ministerio público.
En el juicio no llegó a declarar la afectada, Nélida Pisco, otro detalle que destacó el fiscal para resaltar que de lo visto y oído en la sala no podía deducirse, en su opinión, la existencia de ninguna prueba del presunto acoso laboral.
Sí testificaron hasta siete trabajadores y un extrabajador de Autobuses de Calo. Este último fue el único que aseguró que la que fue su compañera había sufrido acoso y llegó a afirmar que la empresa había coaccionado a todos los empleados para que firmaran un escrito en contra de Pisco. Es ese documento se aseguraba que su compañera era la culpable del conflicto y que su actitud les perjudicaba a todos.
Aquel documento fue idea, según admitió él mismo, de José Luis López, jefe de tráfico de la firma de transportes y delegado de personal. Él, como los otros trabajadores en activo, negaron esa coacción a la hora de firmar el escrito. Algunos afirmaron que pusieron en él su rúbrica al ver que los demás ya lo habían hecho, pese a que negaron tener problemas con Nélida Pisco.
Para la acusación particular, es «un caso claro» de persecución a un trabajador
La rotundidad con la que el fiscal aseguró en el juicio que no comprendía por qué el caso de Nélida Pisco había llegado a una sala de lo penal cuando, a su entender, es un asunto meramente social, choca de plano con lo que la acusación particular defendió al presentar su informe final. El letrado de la trabajadora de Autobuses de Calo, que ha contado con el asesoramiento de la CIG, considera que este es «un caso claro» de acoso laboral «porque hay reiteración en la conducta y varias sentencias de lo social y del TSXG que reconocen que se han vulnerado los derechos de la trabajadora», señaló.
El representante legal de Pisco aseguró que a la conductora empleada en Autobuses de Calo no se la dejaba mantener contacto con sus compañeros y que se la aislaba, así como que se le obligaba a permanecer las horas muertas en la estación de autobuses, que se promovió la firma de ese escrito en su contra y que los acusados la denunciaron ante la Dirección General de Tráfico por un episodio que tuvo en el bus por el que llegaron a retirarle el carné de conducir temporalmente, lo que propició que la empresa suspendiera su contrato. «Lo que ha habido aquí es un conglomerado de actuaciones para que Nélida claudique y se vaya de la empresa», insistió el abogado.
Para la acusación particular, ese acoso laboral aún continúa hoy en día. En los mismos términos se manifestó una vez finalizada la vista el representante de la FGAMT-CIG, Inácio Pavón, que denunció que Nélida Pisco fue despedida por última vez en el 2018 cuando Autobuses de Calo promovió que la DGT la inhabilitara. Sin embargo, ese despido fue declarado nulo.
«O pasado mes de decembro o Tribunal Supremo desestimou o recurso da empresa contra esa sentenza de nulidade do despedimento e neste momento ela está cobrando o seu salario pero sen que lle permitan reincorporarse ao posto de traballo», explicó el sindicalista. «A empresa está dilatando artificialmente a volta efectiva ao posto de traballo, o que constitúe outra forma de acoso máis dentro de todo o proceso que leva vivido nestes anos. Agardamos que en breve poida volver», añadió.