ASantiago se la ha metido una piedra en el zapato con el bum de los pisos turísticos. Este fenómeno ha revolucionado uno de los nichos de inversión por excelencia en la ciudad: el mercado inmobiliario del alquiler. Los propietarios, algunos con bastantes viviendas que rentabilizar, no han necesitado hacer muchos números para constatar que arrendar un piso a una media de 30 turistas cada año, un suponer, resulta mucho más rentable que alojar a cinco estudiantes todo el curso. Así hasta merece la pena darle una mano de pintura a las paredes y cambiar aquel viejo somier por un canapé en condiciones. Porque los inmuebles del negocio turístico ya nada tienen que ver con las lúgubres moradas que se ofrecían los universitarios, que ahora con esto de las redes sociales y los portales especializados de Internet hay que ponerse las pilas y pulir la imagen de la inversión.
Una vez más, esta eclosión ha sorprendido con el paso cambiado a las administraciones, y muchos propietarios han aprovechado una regulación repleta de agujeros para arrendar fuera del marco legal pisos que, al margen de las posibles taras en las garantías de seguridad que pueden ofrecer a sus inquilinos, no reportan un euro a las arcas municipales por esa actividad. Raxoi estima que en Santiago hay 900 viviendas de uso turístico que operan fuera del marco normativo, frente a las poco más de 600 asentadas en el registro que controla la Xunta. Pero lo más problemático para la ciudad es la asfixia del alquiler residencial, con pocos pisos y, en consecuencia, mucho más caros. El asunto es demasiado serio para dormirse.