Vincula a la reforma del PXOM una suspensión de todo tipo de alojamientos que llega a casi toda la ciudad
19 feb 2020 . Actualizado a las 21:52 h.El Concello quiere poner un dique a la expansión de las viviendas de uso turístico en una ciudad donde cientos de propietarios están encontrado en ese segmento un negocio mucho más atractivo que el del alquiler tradicional. En esta transición de un mercado dirigido preferentemente a un cliente universitario a otro copado por turistas, Santiago está inflando una burbuja de pisos que operan fuera de los registros oficiales y que Raxoi estima en unos 900, si bien reconoce la dificultad de cuantificar un fenómeno «con datos obxectivos e contrastados», tarea para la que conmina a la Xunta a actuar. Aunque el gobierno municipal también mueve ficha, utilizando las herramientas a su alcance. Y lo hace a lo grande. Así, amparándose en la reforma del planeamiento prevista para tratar este problema, propone ampliar el ámbito de incidencia de la suspensión cautelar de nuevos alojamientos a casi toda la ciudad: del Ensanche a Galeras y del nordeste del casco histórico a Fontiñas, Conxo o Santa Marta.
La definición de este nuevo mapa más allá de la zona monumental, que ahora tendrá que ser sometida a su aprobación por el pleno municipal, obedece al análisis del emplazamiento de la vivienda turística que está registrada, reflexión en la que el gobierno municipal concluye que es posible establecer «uns ámbitos nos que, pola especial incidencia do fenómeno, parece aconsellable a adopción de medidas cautelares». De hecho, el primer entorno objeto de la nueva moratoria que plantea el gobierno de Bugallo está en contacto directo con el ámbito del plan especial de protección de la ciudad histórica.
En el caso del Ensanche, el Concello asume que la proliferación de pisos de uso turístico ya afecta a su capacidad residencial, «cunha alarmante diminución das vivendas dispoñibles para os residentes, pero tamén para a multitude de negocios que dan servizo aos habitantes do barrio e da cidade no seu conxunto, e que se sitúan neste tecido residencial: oficinas, xestorías, despachos profesionais, academias,...». La Asociación Galega de Inmobiliarias (Agalin) puso cifras a esta situación y calculó en 116 los pisos disponibles en Santiago para alquiler residencial, una bolsa con capacidad para atender la demanda de unas 320 personas. El informe destaca la necesidad de adoptar medidas para frenar esa expansión del arrendamiento de uso turístico en un Ensanche en el que preservar su condición de centro residencial, comercial y de negocios es un «obxectivo estratéxico de cidade».
Aunque con una escala distinta, el grupo de gobierno compostelano aplica la misma lectura a la zona de Galeras. Constata que muchas viviendas y locales comerciales se están reconvirtiendo en alojamientos turísticos, al tiempo que comercios de proximidad se ven abocados a bajar la persiana. Ante esta situación, el gobierno local resuelve que es clave mantener el carácter residencial de un barrio que nutre de vida urbana a la zona de mayor masificación turística de la ciudad.
En cuanto al tercer ámbito en contacto directo con el área de incidencia del plan especial de protección de la zona monumental, la suspensión cautelar de nuevos alojamientos turísticos afectará a las calles situadas al norte -como Coímbra, Salamanca o Ultreia-, a la vertiente oeste del monte de la Almáciga -rúas de Pastoriza, Basquiños, Touro o Teo- y a la cara este del mismo monte -rúas de Betanzos, Home Santo o Concheiros-, que tienen en común una densidad de alojamientos turísticos similar a la del casco viejo, «polo que non tería sentido darlle un tratamento diferente».
Pero en el informe también se piden medidas cautelares para barrios del norte -como Vista Alegre, Vite, As Cancelas y Fontiñas- y del sur -Pontepedriña-Paxonal, Cornes, Conxo o Santa Marta-, que podrían verse afectados por la presión derivada de aplicar la suspensión cautelar únicamente las tres zonas de la primera corona de actuación.
Esta ambiciosa propuesta de extensión de la suspensión cautelar no afectará a las parcelas e inmuebles que ya estén dedicados a uso hotelero o de alojamiento temporal, pero sí frenará las actuaciones de ampliación.