El voto para todas las personas con discapacidad, un logro desde Santiago, cumple un año con plena normalidad

El impulso de una familia de Down Compostela consiguió la ampliación de este derecho


santiago / la voz

En las elecciones al Congreso y Senado de abril y noviembre, y en las municipales y europeas de mayo, todas las personas con discapacidades pudieron votar: «Non houbo ningunha incidencia en Santiago nin en ningún lugar de Galicia ou de España, polas informacións que nos chegan das federacións de asociacións do colectivo Down. Mesmo houbo persoas, que antes non podían votar, chamadas a formar parte de mesas electorais; algunhas en calidade de suplentes; outras exerceron de titulares, con apoios; e houbo algunha renuncia, como acontece co resto da poboación. Houbo que esperar 10 anos para, como se demostrou, chegar a unha situación de normalidade», afirma Juan Martínez, presidente de Down Compostela.

La ampliación del derecho al voto para todas las discapacidades cumple hoy su primer año. Entró en vigor tras publicarse en el Boletín Oficial del Estado el 6 de diciembre del 2018 una Ley Orgánica que modificaba la Ley del Régimen Electoral General de 1985. Ya se había aprobado ese derecho anteriormente por las Cortes, pero se hizo efectivo el 7 de diciembre del 2018.

El impulso de la familia de Mara García Caamaño, del colectivo de Down Compostela, y el acierto de Lourdes González-Laganá, abogada especializada en derechos humanos, lo hizo posible para quienes tenían una incapacitación. Antes se exigía el pronunciamiento favorable de un juez, tras una evaluación forense, y no estaba garantizado para unas 100.000 personas. Así lo estimaba el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), una plataforma representativa conjunta del sector de la discapacidad en España, que integra a numerosos colectivos y que respaldó a la familia de Mara.

«Das persoas antes privadas do dereito ao voto, as que quixeron puideron votar este ano en todas as eleccións, outras optaron pola abstención, como o resto das persoas. O máis relevante foi ter recuperado ese dereito para un colectivo importante. Houbo certa inquietude antes das eleccións de abril, por unha instrución difundida pola Xunta Electoral Central, que autorizaba os interventores das mesas a indicar se vían que algunha persoa non votaba libremente, aínda que non pasou nada. A gran noticia da xornada para nós foi que non houbo noticia, todo foi ben», sostiene Juan Martínez.

Valora que «non tiña sentido no século XXI o excesivo proteccionismo que se contemplaba para determinadas persoas. Na Convención da ONU dos Dereitos das Persoas con Discapacidade constaba que podían votar, como o resto da xente; desde hai un ano está corrixida aquela situación anómala grazas á modificación da Lei Electoral. Agora confiamos que haxa máis convocatorias electorais e que participen con normalidade», agrega. Para jóvenes como Pamela Casagrande y Óscar Carril, sus colegas de Down Compostela, y para el resto, el camino está libre.

El Parlamento Europeo conoció la experiencia esta semana, para que se tenga en cuenta en todos los países

El presidente de Down Compostela, Juan Martínez, destaca que el martes de este semana, cuando se conmemoraba el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, la abogada Lourdes González-Laganá, y María García Caamaño, hermana de Mara, explicaron la experiencia de esta joven del colectivo compostelano de Down en el Parlamento Europeo. «Falaron do dereito ao voto das persoas con discapacidade nun acto organizado por tres grupos parlamentarios, para tentar que se teña en conta e se recoñeza en todos os países. Verificaron como hai unha tendencia para normalizar a situación», sostiene.

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que reconoce ese derecho, entró en vigor en España en mayo del 2008, pero no prosperó hasta la actuación ante los tribunales de la familia de Mara García Caamaño.

Hasta Estrasburgo

El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Santiago, en septiembre del 2014, se manifestó en contra del derecho al voto de la joven de Down Compostela. Posteriormente lo hicieron la Audiencia Provincial de A Coruña en marzo del 2015, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en marzo del 2016, y después el Tribunal Constitucional. Entonces, la abogada Lourdes González-Laganá decidió acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Antes de su fallo hubo decisiones legislativas favorables, primero de la Asamblea de Madrid y posteriormente de las Cortes.

Hace un año, el día que entraba en vigor la ampliación del derecho al voto, Lourdes González-Laganá explicaba en el Palacio de Congresos de Santiago, en un encuentro de familias organizado por Down España y Down Compostela, como los conceptos modernos de obligación, derechos, persona y discapacidad, desde la ratificación del Tratado de la ONU del 2008, dieron un giro radical. Suponen un antes y un después que la sociedad y los poderes públicos no acababan de entender, dijo.

En marzo de este año, esta abogada, junto con Mar Caamaño, la madre de Mara, recibieron el premio extraordinario de Down Compostela «por recuperar el derecho al voto para las personas con discapacidad». Esta entidad calificaba entonces a Mar como «madre coraje» y enfatizaba la «titánica lucha en los juzgados» para conseguirlo.

«Esta reivindicación ha servido, diez años después de ratificar la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para modificar la Ley Electoral española y devolver el derecho al voto a todas las personas con discapacidad. El premio a Mar Caamaño y a Lourdes González-Laganá es más que merecido», proclamaba Down Compostela.

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