-Por tanto, lo que hay está por las nubes...
-Claro. Así es. La economía funciona así. Quien tiene un piso en estos días y lo quiere alquilar, lo normal es que eleve la renta ante la gran cantidad de potenciales inquilinos interesados.
-¿A qué se debe esta situación?
-Entre los grandes problemas del sector de las agencias inmobiliarias están la carencia de oferta para atender la demanda real de viviendas para el alquiler y la gran cantidad de pisos vacíos que existen. En Santiago se calcula que son unos diez mil. Estamos viviendo una situación escandalosa. La mitad de los inmuebles que hace un año estaban destinados al alquiler tradicional para familias, para personas a título individual e incluso a estudiantes se pasaron al alquiler turístico.
-¿En qué ciudades o lugares el problema es más grave?
-Aparte de Santiago, por ser un lugar turístico, afecta también a otras ciudades. Pero en las localidades de la costa la situación es tremenda. Los que antes alquilaban de manera tradicional o legal han visto un mercado en negro que, además, les reporta grandes beneficios. Rentan viviendas por meses o semanas por cantidades desorbitantes que ni declaran ni hacen contrato.
-¿Qué postura tiene la asociación que preside ante esta situación?
-La solución a esta grave problemática tiene que llegar por varias vías. Por un lado, la clase política ha de afrontar el asunto de manera urgente. Hay que regularizar la existencia de los pisos turísticos. Según nuestros datos, el 80 % de los propietarios de viviendas que antes alquilaban de manera tradicional, han migrado al alquiler vacacional. Se han pasado a la ilegalidad. No cumplen la normativa. A partir de ahí, hay que incentivar, por parte de las autoridades, el alquiler.
-¿Cómo convencer a un propietario que saca, por ejemplo, 1.000 euros en un mes alquilando a una familia de turistas, a que vuelva al mercado tradicional?
-Con la ley en la mano y con voluntad política. En cuanto a uno le impongan una cuantiosa multa o sanción por rentar sin contrato, en negro, el resto verá que no lo puede hacer. Y quien lo quiera hacer, que se someta a una normativa regulada por ley. En muchas ciudades o comunidades ya se hizo.