Los afectados por los pisos turísticos ilegales reclaman inspecciones

Agalin propone medidas para movilizar viviendas vacías hacia el mercado de alquiler


santiago / la voz

La clave para frenar el creciente incremento de pisos turísticos en Santiago en detrimento de la vivienda destinada al alquiler tradicional pasa por el «control real» de los inmuebles para garantizar que se trata de actividades legales. Los portavoces de Agalin insisten en que «no vamos contra los pisos legales, e intentaremos hacerles ver que lo que planteamos es bueno para ellos. Si cumplen la norma, ¿qué problema hay?. Estar dentro de la ley, favorece su imagen».

En esta lectura del problema coinciden con Esteban Iglesias, portavoz de la Unión Hotelera, que considera que se hace indispensable «la colaboración entre el Concello y la Xunta, y también Hacienda» para controlar el funcionamiento legal de todos los establecimientos. Iglesias argumenta que, de la misma manera que un hotel está sometido a inspecciones periódicas, los pisos turísticos deberían pasar dichos controles. «Si cumplen la legalidad, no tienen razones para preocuparse», dijo.

Esteban Iglesias incidió en un dato que considera preocupante, y es el hecho de que «la Unión Hotelera representa a 15 hoteles que tienen 2.400 plazas, pero el estudio del Concello fija en 3.000 las plazas ilegales. Tienen más que nosotros. Poco queda por decir. Estos recursos son en negro». Ante las afirmaciones de los propietarios de pisos turísticos en las que insisten en limitar el número a los 600 registrados, Iglesias reflexiona que «hace años había 30.000 universitarios, ahora hay la mitad, 15.000, y no tienen dónde alojarse. Dónde están los pisos?». Otro dato para la reflexión corresponde a la caída de las fianzas de los pisos de alquiler en el IGVS: «Bajaron las fianzas en bastante más de 600, ¿de verdad tenemos que creer que son pisos que pasaron a estar vacíos?».

La Unión Hotelera mantendrá la próxima semana una reunión con representantes de Agalin «que nos pidieron ellos, y creo que es una oportunidad para hablar de un asunto preocupante. No estoy contra los pisos turísticos. No tengo miedo a la competencia, porque es buena y hace que seamos mejores; pero no puedo estar de acuerdo con establecimientos ilegales, que están fuera del círculo y generan economía sumergida, porque perjudica a la ciudad».

Propuestas de Agalin

Además de la petición de inspecciones para localizar las plazas ilegales en pisos turísticos de la ciudad, Agalin propone que el Concello ponga en marcha iniciativas para incentivar a los propietarios de viviendas vacías a destinarlas al alquiler tradicional. En este sentido, reconocen que los pasos dados en el anterior mandato municipal precisaron de campañas de concienciación y sensibilización, y de información para llegar a los propietarios. Entre las sugerencias está asumir rehabilitaciones de viviendas abandonadas a cambio de ceder los inmuebles al alquiler, bonificaciones en el IBI para los propietarios que destinen sus viviendas al alquiler de estudiantes o familias, financiación de obras menores, pago del 50 % de seguros contra daños, impagos o desahucios.

Rosón recuerda la instrucción que obliga a comunicar la actividad al Ayuntamiento

Mercedes Rosón, concejala de Urbanismo, aclaró que está plenamente vigente la instrucción municipal de mayo del 2018 por la que los propietarios de pisos turísticos, al igual que «cualquiera que sea la modalidad», tienen la obligación de «comunicación previa o declaración responsable» al Concello, y adjuntar una serie de documentos; así como el pago de tributos municipales. Los portavoces de la Asociación de Inmobiliarias de Galicia (Agalin) aseguraron que esta obligación se incumple por parte de la mayoría de los pisos turísticos, incluso en el caso de los legales.

Esta instrucción municipal está recurrida por Aviturga, pero la edila de Urbanismo aclaró que el recurso no implica la paralización de esta normativa. En este sentido, desde Agalin se insta al Concello a poner los medios para exigir el cumplimiento de esta normativa. En la misma instrucción se aclara que, en abril del 2018, la moratoria hotelera se amplió para «limitar los alojamientos de carácter temporal en su tejido residencial».

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