Inmobiliarias y hoteles se unen frente a los pisos turísticos ilegales

Una plataforma de colectivos afectados propondrá medidas a la Administración

M. g.
santiago / la voz

La «alarmante» proliferación de vivienda de alquiler de uso turístico en Santiago fuera de todo control ya está provocando reacciones en el sector privado, con colectivos que han pasado de la preocupación a la acción y empiezan a organizarse para ofrecer su colaboración al Concello y a la Xunta en la adopción de medidas firmes para regular estas actividades.

Tras realizar un diagnóstico de la situación del mercado de alquiler tradicional, que ha deparado la práctica inexistencia de oferta de pisos para arrendar al margen de los usos turísticos (116 viviendas disponibles, el 10 % de ellas en malas condiciones), la Asociación Galega de Inmobiliarias (Agalin) promueve la creación de una plataforma abierta a todos los colectivos implicados. Carlos Debasa, presidente de Agalin, considera que el diagnóstico de la situación está totalmente terminado desde todos los puntos de vista, y cree que es el momento de extraer conclusiones y aportar soluciones. La idea es consensuar un documento con propuestas para presentárselo a los responsables locales y autonómicos, que son los que tienen las competencias para actuar en este campo.

En esta plataforma participará con toda seguridad la Unión Hotelera Compostela, el colectivo que reúne a los principales establecimientos hoteleros de Santiago, también afectados directamente por la irrupción de pisos turísticos ilegales, pero Agalin confía igualmente en la incorporación de las asociaciones de pisos turísticos y de alojamientos de turismo rural.

Debasa insistió en que esta plataforma no se plantea como un ataque contra los pisos turísticos, sino todo lo contrario. La intención es conseguir que todos operen dentro de la legalidad. Apuntó que la idea es conseguir que las viviendas de uso turístico ilegal -ya se habla de cerca de 2.000 pisos turísticos fuera de regulación- sean atraídos hacia el alquiler general. Debasa cree que si los propietarios de estos inmuebles tienen alicientes y se les ofrecen garantías dejarán la vía ilegal para entrar en el mercado regular del alquiler. El portavoz de las inmobiliarias gallegas reitera que la falta de viviendas para ser alquiladas es un grave problema en las ciudades.

El análisis de las agencias inmobiliarias es compartido plenamente por la Unión Hotelera, que desde hace tiempo viene haciendo un seguimiento de este problema que impacta directamente en las empresas legalmente establecidas. El portavoz de esta asociación, Esteban Iglesias, recalca que en Santiago existe una industria turística que mantiene miles de puestos de trabajo directos e indirectos y que atraviesa dificultades para alcanzar parámetros de rentabilidad durante la mitad del año, coincidiendo con los meses de menor afluencia de visitantes. Lo que piden es que todo aquel que realice una actividad económica en el sector lo haga de forma reglada y en igualdad de condiciones, con el mismo nivel de exigencia en el ámbito fiscal, laboral, de seguridad y de control de viajeros, entre otros aspectos. Por el contrario, una actividad como la del alquiler turístico fuera de regulación genera «una economía sumergida brutal» y no sería rentable dentro de la ley, señala Iglesias. No obstante, su análisis no se queda en el negativo impacto sobre las empresas legalmente establecidas, sino que incide, como las inmobiliarias, en el grave problema que se crea en la ciudad por la falta de vivienda de alquiler -que también afecta a trabajadores del propio sector- y la expulsión de ciudadanos a otras localidades donde sí hay oferta. Empresas inmobiliarias y hoteleras se reunirán la próxima semana para iniciar acciones conjuntas.

Rosón dice que el Concello no permitirá la «expulsión de residentes»

La falta de vivienda en alquiler en Santiago no es solo resultado de la masiva incorporación de los inmuebles al alojamiento turístico, sino que responde «a moitas cuestións». La teniente de alcalde y responsable de Urbanismo, Mercedes Rosón, admitió ayer, no obstante, que «ten moito que ver coa presión turística» y el auge de esta modalidad de alquiler es «moi cuestionable a nivel xurídico». Rosón señaló que el gobierno local buscará fórmulas para un mayor control y de sanción de la oferta de alquileres turísticos, ilegales «nunha proporción moi elevada», y afirmó que el Concello no puede permitir que se produzca «unha expulsión de residentes» a causa de la desregulación de esta actividad.

Por otra parte, en respuesta a una iniciativa de Compostela Aberta para que el Concello favorezca la construcción de vivienda pública en zonas como O Restollal y Pontepedriña, Mercedes Rosón afirmó que prevén sacar a concurso una parte importante del patrimonio municipal, y para ello están estudiando las parcelas disponibles.

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