Los concellos que se sumen a la empresa del agua de la Xunta adquirirán una acción por cada mil vecinos
SANTIAGO
Las diputaciones y los ayuntamientos tendrán un máximo del 49 % del capital de la sociedad, bajo control autonómico
14 oct 2019 . Actualizado a las 19:39 h.La Xunta avanza en su idea de lanzar una empresa pública para la gestión del ciclo del agua, y en el anteproyecto de ley para la creación de la sociedad ha esbozado cómo será la composición del capital social, así como los compromisos que deberán asumir las diputaciones y los concellos, de los que la Administración autonómica busca su participación e implicación ante las dificultades que tienen para impulsar y mantener estas infraestructuras, ya sean de captación, transporte, servicio o depuración.
Aunque las diferencias con Sogama son notables, la Consellería de Infraestruturas da por buena la comparativa con el espíritu de la planta de tratamiento de Cerceda, que nació para intentar resolver los problemas de gestión que generaban los residuos urbanos en prácticamente todos los concellos gallegos. El otro paralelismo es que la Xunta también tiene un 51 % en esta sociedad, como pretende mantener en la empresa denominada Xestión Integral da Auga de Galicia.
Para ello, el departamento que dirige Ethel Vázquez ha diseñado una estructura que se dividirá en 5.610 acciones nominativas que serán suscritas y pagadas íntegramente por la Xunta. El capital social se irá incrementando hasta alcanzar un máximo de 11.000 acciones, con el condicionante de que cualquiera que sea la cifra final, algo más de la mitad estará en manos de la Administración autonómica, garantizándose así el control. Cada diputación provincial tendrá que adquirir dos acciones por cada mil habitantes en cada uno de los concellos correspondientes a ese ámbito territorial, y dos acciones por cada municipio con menos de mil vecinos en el momento de firmar la adhesión.
Representación local al 25 %
El siguiente paso para terminar de configurar la empresa pública será que los concellos adquieran a las diputaciones una de esas acciones también por cada mil habitantes, de forma que las entidades municipales alcancen una presencia máxima en la sociedad del 25 %. Su representatividad en el consejo de administración será proporcional, y la Xunta se reserva la posibilidad de detraer cantidades de los Fondos de Cooperación Local que les correspondan si alguno de los concellos no asume sus obligaciones económicas. Porque habrá dinero comprometido a la hora de asumir obras, ya que la idea del Gobierno gallego es que, junto al concello y a su diputación correspondiente, el pago se haga a tercios, aunque Infraestruturas se encargaría de realizar una auditoría previa para detectar las necesidades.
No todo serán obligaciones y compromisos. El documento oficial que prepara la Xunta solo hace mención genérica a los beneficios que supondrá esta empresa, pero la experiencia de otras iniciativas en España permite garantizar que el modelo supone una reducción directa de los costes fijos de las instalaciones relacionadas con el ciclo del agua entre el 25 y el 35 %, un ahorro que también permitirá avanzar en uno de los objetivos principales, que es extender por la comunidad una tarifa única para evitar desigualdades entre territorios.
