Las últimas sentencias generan al Concello un coste de dos millones

Algunas provienen de mandatos anteriores, pero se hicieron firmes hace meses


santiago / la voz

El desembolso al que hará frente el Ayuntamiento para resarcir a Doal por la pérdida de la oportunidad de gestionar la grúa y la ORA será la más alta que tendrá que asumir la Administración municipal este año, pero no la única. De hecho, los 620.019 euros que se llevará la filial del grupo Vendex por el lucro cesante de una concesión que no llegó a gestionar supone prácticamente la tercera parte del coste habilitado este año para hacer frente a sentencias.

Raxoi tendrá que afrontar el pago de algo más de dos millones de euros, intereses aparte, por decisiones judiciales que, en todo caso, no solo provienen de fallos indemnizatorios como el que ha obtenido Doal después de que la Justicia anulase la concesión de la grúa y la ORA del 2012 a Setex Aparki. Doal era la segunda clasificada de un concurso cuya adjudicación resultó anulado y no tuvo ocasión de asumir la gestión del servicio desde el inicio de la concesión ni con posterioridad a aquel fallo, dictado en el 2015.

Otras sentencias proceden de discrepancias sobre costes entre concesionarias y la administración que acaban derivando en contenciosos, o mismamente de las reclamaciones de personal contratado que la Justicia acaba estimando. De todo ello ha habido entre las sentencias a las que todavía tiene que responder o ha respondido ya Raxoi con su presupuesto a lo largo de este año. Pero si en alguna área municipal las indemnizaciones, contraprestaciones o devoluciones tienen especial relevancia para sus cuentas, esa es la de urbanismo.

La gestión urbanística es una de las que en buena medida lleva a los ciudadanos a dirimir también sus diferencias con el Concello a través de los tribunales. Y suelen ser de grandes importes. Si bien la de Doal es la de mayor impacto económico por sí sola, en materia de urbanismo Raxoi ha habilitado fondos este año por algo más de 867.000 euros para hacer frente a tres sentencias que le llegaron entre el 2018 y el 2019 vinculadas con esa área.

Las tres son viejas reclamaciones. Una, que afecta a una comunidad de propietarios de la calle García Prieto, tiene sus antecedentes en los primeros años de los noventa. El coste para Raxoi de ejecutar la sentencia de reposición de la legalidad ronda los 300.000 euros. Pero las otras hallan su origen en el proyecto del 2010 que cargaba el coste de la rotonda del enlace orbital a los propietarios del terreno que se preveía desenvolver en dos suelos de uso empresarial en Formarís. Ahí hay sendas sentencias por 132.000 y 425.000 euros.

Completan esos dos millones de euros los dos fallos favorables a Tralusa por las diferencias económicas entre su propia liquidación del servicio de transporte urbano y la del Concello relativas a los años 2012 y 2015. Las sentencia cifraban la compensación municipal en más de 136.700 y en 126.343 euros, respectivamente.

Pero no se acaba ahí el impacto de las sentencias judiciales en las cuentas de Raxoi. Normalmente, estas traen el abono de intereses. Y sin contar los de Doal, que todavía tendrá que fijar el juzgado competente, la suma de este año sobrepasa los 330.000 euros. Algunos ya fueron abonados. Otros están todavía pendientes.

620.000 €

Compostela Aberta insiste en desvincular su gestión del fallo judicial de Doal

Compostela Aberta insiste en desvincular de su gestión las consecuencias de la sentencia que obliga al Ayuntamiento a indemnizar a Doal con 620.000 euros. Aduce que el fallo judicial procede de la anulación de la concesión «irregular» en el 2012 a Setex Aparki, una adjudicación que se decidió, dice, pese a que Doal ya había advertido que Setex no cumplía el pliego de condiciones en lo relativo a las características de la parcela. La Justicia acabaría anulando aquella adjudicación porque a Setex le faltaban apenas unos cien metros cuadrados, aunque aquella sentencia atribuyó a la empresa toda la responsabilidad.

La formación de Noriega insiste también en que inició la municipalización de la ORA en base a un informe jurídico que abría esa posibilidad, aunque la oposición no dejó de cuestionar entonces que no se reiniciase el procedimiento de licitación en donde lo había dejado la citada sentencia e incluso que no se pidiese una aclaración del fallo por si había que adjudicar el servicio a Doal.

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