El pleno aprueba impulsar un pacto por el rural solo con el apoyo de CA y BNG

Sin pretenderlo, el gobierno municipal hizo viable ayer la propuesta de Compostela Aberta (CA) para impulsar un pacto por el rural que garantice al menos una inversión anual de 2,5 millones de euros. Y fue sin pretenderlo porque, aun defendiendo la necesidad de un acuerdo en ese sentido, el alcalde no parecía estar por la labor de impulsarlo en base a una iniciativa que considera «oportunista» y con la que Compostela Aberta «trata de adiantarse» a los acontecimientos para «apuntarse un tanto». Tampoco iba por ahí el discurso del concejal del Medio Rural, José Manuel Pichel, quien apostó por priorizar la creación del Consello Municipal do Rural en el primer trimestre del 2020, con representación política, vecinal y técnica, y desde él sentar las bases para ese pacto.

Pero la propuesta salió finalmente adelante cuando Pichel anunció que su grupo se abstendría. No era esa la intención inicial de los socialistas. Lo confirmó la cara de Bugallo, pero también su intervención inmediata, aunque el regidor optó por dejar pasar, no obligar al edil a desdecirse y acusar a los de Martiño Noriega de arrogarse una representación «que non lles corresponde». Porque un pacto por el rural, dijo, «temos que subscribilo todos os grupos políticos coas asociacións de veciños, e esta é unha actuación meramente oportunista na que tratan de adiantarse a un acontecemento para atribuirse méritos». El punto salió adelante con los votos favorables únicamente de CA y el BNG (7), suficientes para que prosperara ante la abstención también de los populares.

La gestión del pacto corresponde, no obstante, al gobierno, que ya había acordado con los representantes vecinales del rural, en una reciente asamblea de Ferusa (la federación vecinal del rural), la aportación de una propuesta de pacto hacia mediados de noviembre. Ferusa haría lo mismo, para comenzar a trabajar en una propuesta definitiva en base a ambas formulaciones.

Aunque la propuesta de CA salió finalmente adelante con la abstención socialista, Pichel evitó comprometerse con la inversión de al menos 2,5 millones que reclamaba CA. Sí lo hizo para dedicar a ese ámbito la totalidad de las ayudas del POS de la Diputación, como ya hacían los socialistas, dijo, en anteriores gobiernos. Pero el obstáculo no estaba en la cifra mínima que planteaba CA, según Bugallo, sino en la oportunidad de plantear esa iniciativa unilateralmente y sin haber tratado el asunto con las demás formaciones y el sector. «Non é que me pareza moito que o Concello destine 2,5 millóns, é máis, creo que son insuficientes para facer o que hai que facer», dijo Bugallo para exponer que cuestiones como la del abastecimiento y saneamiento habrá que resolverlas teniendo en cuenta el nuevo contrato para el servicio, porque la actuación en el rural solo en ese aspecto supondrá de 50 a 60 millones de euros, «e o Concello non ten capacidade».

En lo que sí coincidió toda la corporación fue en que existe un desequilibrio que hay que corregir. «O rural é unha realidade olvidada», dijo Ana Sabel (PP), con una población «farta de ser veciños de segunda». La popular demandó una auditoría sobre su situación para fijar inversiones, pero Goretti Sanmartín (BNG) defendió que «todos sabemos o que necesita» y que la cuestión «é marcar prioridades».

Raxoi tendrá una comisión especial de la memoria histórica

La corporación aprobó también la creación de una comisión especial de la memoria histórica, una iniciativa del BNG apoyada por el PSOE y CA y en la que se abstuvo el PP, de acuerdo con parte del planteamiento, pero receloso con otra. La comisión tendría por cometido conocer la memoria histórica y que la población pueda identificar a los 226 compostelanos represaliados que recoge el trabajo de investigación de la USC Nomes e voces. La propuesta incluye también realizar un monumento homenaje a Ánxel Casal con la inscripción de los nombres de las personas ejecutadas o presas durante el franquismo.

La modificación puntual del plan especial del equipamiento deportivo de San Lázaro para la construcción de la ciudad de la raqueta fue una de las cuestiones que salió por unanimidad, aunque la iniciativa, que viene del gobierno de Noriega, no dispone de nada más que una posible ubicación. Así lo dio a entender Bugallo después de que Jorge Duarte (CA) apuntase que «xa houbo contactos co Goberno central, a Xunta e a Deputación para acadar financiación» y que el Concello debe dar «o seguinte paso para a licitación». «Vexo que nos poñen deberes, porque non teño constancia doutras administracións para financialo», dijo no obstante Bugallo.

También prosperó que la antigua Casa Simeón de Casas Reais pueda tener los mismos usos que hasta ahora, pero por parte de cualquier administración pública. Eso permitirá que el Concello pueda utilizarlo, una vez que la USC le ceda su uso, para la oficina municipal del casco histórico.

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