Raxoi evalúa la repercusión de la sentencia que tumba en Barcelona el veto hotelero

El gobierno santiagués estudia el impacto que podría tener sobre la moratoria del casco histórico, que siguió la línea de la de Colau


Santiago / La voz

Una decisión judicial, adoptada a algo más de 1.000 kilómetros de Compostela, ha sembrado la incertidumbre en la capital gallega. Se trata de la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en la que se tumba el veto hotelero que impulsó Ada Colau en Barcelona. Y es que la moratoria aprobada por Raxoi -con Martiño Noriega como alcalde- siguió el modelo de la anterior, con la premisa de congelar las licencias a nuevos hoteles en el casco histórico de la ciudad para así frenar la turistificación y éxodo de vecinos. La repercusión del fallo de la Ciudad Condal sobre la situación que atañe a Santiago es, precisamente, lo que se está encargando de evaluar en estos momentos el gobierno actual.

Así lo explica el concejal de Turismo, Gumersindo Guinarte, quien advierte que la sentencia del TSJC no es firme, «e haina que tomar como o que é», así como de las diferencias y particularidades que hay entre los dos contextos municipales y sus respectivas normativas: «Cada realidade é distinta, obviamente, porque teñen situacións particulares e elementos diferenciais. O certo é que se está a analizar dende unha perspectiva legal o alcance da sentenza que suspende a moratoria no centro de Barcelona. E, con independencia diso, como xa dixemos, estudase a situación dos aloxamentos en Santiago tendo en conta os efectos económicos que ten no turismo, na oferta residencial e sobre outros sectores».

Un fallo recurrible

La sentencia que afecta a Barcelona suspende la norma municipal por no incluir una evaluación económica y financiera en condiciones. Considera que esta es insuficiente y «fuente de inseguridad jurídica», si bien es cierto que admite la necesidad de preservar zonas sensibles de los excesos turísticos. Por otra parte, se trata de un fallo recurrible, por lo que la restricción que pesa sobre nuevas aperturas sigue vigente por el momento.

El gobierno santiagués, que ya se manifestó en contra de la moratoria hotelera y a favor de controlar la actividad de las viviendas de uso turístico tanto en el casco histórico como fuera de él, insiste en que «a intención é tomar unha decisión antes de que finalice o ano, no caso de que conveña tomala, en función dos resultados do estudo que temos entre mans». «Evidentemente, nós temos a percepción de que tal e como funciona a moratoria non está tendo os efectos pretendidos, senón creando unha distorsión. Impide a apertura de novos hoteis, pero no seu lugar proliferan pisos e apartamentos turísticos nunha situación case diría que de descontrol», añade Guinarte.

El edil reconoce que «os aloxamentos non hoteleiros son unha opción para os turistas que veu para quedarse. É unha realidade que está aí, pero ten incidencias sobre outros ámbitos da vida económica e social, porque produce distorsións na convivencia dunha comunidade de veciños. E hai que ter en conta que Santiago ten un compoñente peculiar por ser unha cidade á que veñen moitos estudantes, e estase vendo que as opcións de aluguer que teñen estánselle restrinxindo considerablemente. Hai que facer compatibles o seus dereitos e os doutras persoas que queren acceder a unha vivenda, cos dos residentes, probablemente os máis importantes, así coma cos dos propietarios que razoablemente e cumprindo os requisitos esixibles queiran darlle a súa vivenda un uso turístico», concluye Guinarte.

Una resolución judicial niega la suspensión cautelar del coto impuesto a los pisos turísticos

El Concello de Santiago no pierde de vista las sentencias que van prosperando en otras ciudades por el alcance que puedan tener a nivel local, aunque tiene otros focos abiertos que le tocan directamente. Se trata de los tres recursos interpuestos contra el Ayuntamiento que reclaman la impugnación del último coto impuesto -a finales del año pasado- a los alojamientos de carácter temporal, el cual afecta especialmente a las viviendas de uso turístico.

Por el momento, los tres recursos «están seguindo o seu proceso de tramitación nos correspondentes xulgados do contencioso-administrativo», confirma el concejal de Turismo compostelano. La única decisión tomada a este respecto, dice Guinarte, es una resolución judicial que niega la suspensión cautelar de la medida adoptada en el pleno municipal de noviembre.

A expensas también de lo que suceda en el juzgado como entidad demandante y de los pasos que dé el nuevo ejecutivo santiagués, la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) se apoya en el informe del Banco de España que achaca la subida de los alquileres a las condiciones laborales y cuestiona los límites impuestos por distintas administraciones a este tipo de alojamientos porque la evidencia de su impacto sobre el mercado inmobiliario «es escasa y poco fiable».

El Conselleiro de Turismo, por su parte, reparó en el parque inmobiliario del casco histórico santiagués. De las 7.000 viviendas que hay en el casco monumental, 250 están registradas como pisos turísticos, dijo Román Rodríguez, partidario de «actuar» sobre los que operan de forma fraudulenta.

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