Las firmas que optan a proyectar la depuradora podrán formular propuestas hasta septiembre

r.m. SANTIAGO / LA VOZ

SANTIAGO

CEDIDA

Tras una primera selección, Acuaes pretende tener la solución definitiva a mediados del 2020

01 ago 2019 . Actualizado a las 00:56 h.

Las nueve empresas que optan a diseñar y construir la nueva depuradora conocieron ayer las actuales instalaciones de Silvouta y las posibilidades que ofrece el ámbito para la proyección de la planta que requiere la ciudad. Acuaes, el organismo estatal competente en la construcción y gestión de plantas hidráulicas, las citó ayer en la ciudad para que pudiesen conocer el terreno sobre el que tendrán que trabajar y resolver dudas sobre el procedimiento de licitación, dado que se trata de un método de contratación novedoso.

La cita fue doble. Las empresas visitaron primero la actual planta depuradora de aguas residuales (EDAR), sobre la que tendrán que proyectar la nueva, contando con la parte de la parcela que está libre y teniendo en cuenta la sustitución por fases de la planta actual: las nuevas instalaciones habrán de sustituirla en el mismo ámbito y garantizando la continuidad del servicio.

A la observación directa del terreno le siguió un encuentro en el Auditorio en el que técnicos de Acuaes explicaron los detalles del procedimiento de licitación, el de concurrencia competitiva, concertado con el gobierno de Compostela Aberta una vez que este planteó construir la nueva depuradora sobre la actual, para evitar su traslado a O Souto.

Las empresas tendrán hasta el 30 de septiembre para presentar un proyecto previo apuntando la tecnología que estimen más apropiada, entre otros aspectos. En base a él se elegirá a tres o cuatro, que tendrán que formular un proyecto ya más detallado y con costes de construcción y operatividad. De ahí saldrá el definitivo.

Acuaes pretende cerrar la fase de selección de esos cuatro entre octubre y noviembre y disponer del definitivo a mediados del 2020. A partir de ahí habrá que realizar el estudio de impacto ambiental preliminar, en base a la solución escogida. Ese trabajo será el que determine si la planta seleccionada se puede construir con una declaración de impacto ambiental simplificada o si precisa la completa. La cuestión no es menor. La diferencia entre una y otra puede ser de 18 meses. La corta, en la que confiaba CA y con la que también espera solucionar Sánchez Bugallo, llevaría entre seis y doce meses. La completa, al menos 24. En este último caso sería imposible acceder a los fondos europeos con los que el Estado pretende financiar su aportación, lo que abriría un escenario financiero complicado. Con la declaración corta sería también complicado llegar, pero aún posible. En el caso menos optimista, Bugallo ya indicaba hace días que demandaría su inclusión en los fondos del nuevo período.