La demanda de la risga sigue subiendo y la cobran 3.000 personas en la provincia

El número de beneficiarios crece en las tres ciudades y baja en sus áreas de influencia


santiago / la voz

La paulatina mejora de la economía es una realidad tan incontestable como el aumento de las desigualdades sociales que inflan la bolsa de la población con problemas para atender sus necesidades básicas o que se asoma a la exclusión. Galicia cuenta con varios indicadores que acreditan las consecuencias de esos desajustes, y uno de los más fiables es la renta autonómica de inclusión de social (risga). Pues bien, los registros oficiales acreditan que prosigue la escalada del número de personas beneficiarias de esa paga de 400 euros mensuales, pese a que desciende la demanda. Son, desde luego, repuntes más tibios que los que abocaron a la Xunta a multiplicar el presupuesto para sufragar esos programas en los años más duros de la crisis, pero resultan más significativos en una coyuntura que nada tiene que ver con aquella. De acuerdo con la memoria elaborada por la Consellería de Política Social, en el 2018 se superó el umbral de los 3.000 perceptores de la risga en la provincia de A Coruña (3.017, 69 más que en el 2017). Lo más relevante es que suben los beneficiarios en las tres ciudades y bajan en sus cinturones metropolitanos.

Con A Coruña se cumple la lógica de que la urbe más poblada es la que tiene más perceptores de la risga: 1.279 en el 2018, un 7,6 % más que en el año anterior (1.188). Aunque esa premisa que relaciona el censo con el número de beneficiarios se viene abajo en el caso de Ferrol. Pese a tener menos vecinos que Santiago, la ciudad departamental supera con creces el número de personas que cobran la renta social en Compostela. En Ferrol son 425 (18 más que en el 2017), frente a las 277 de Santiago (11 más que en el ejercicio anterior). Este incremento en las tres grandes urbes de la provincia contrasta con el descenso de perceptores en los municipios que tienen entre 20.000 y 50.000 habitantes: Ames (56, el mismo número que en el 2017), Arteixo (103, diez menos), Cambre (39, cuatro menos), Carballo (146, ocho menos), Culleredo (74, ocho menos), Narón (105, cuatro menos), Oleiros (38, diez menos) y Ribeira (26, uno menos). Obviamente, si se acerca la lupa asoman diferencias llamativas en el número de beneficiarios entre ayuntamientos con censos semejantes.

En cambio, esta tendencia a la baja que se observa en los concellos de las áreas de influencia de las tres principales ciudades o en las cabeceras de comarca no se cumple en todos los municipios de la provincia que tienen censos situados entre los 10.000 y los 20.000 habitantes. Los beneficiarios de la risga descienden o se mantienen sin variaciones en Betanzos (11, uno menos que en el 2017), Boiro (16, cinco menos), Fene (16, cuatro menos), Ordes (16, tres menos), As Pontes (16, el mismo número que en el 2017) y Teo (15, tres menos).

Por último, en el escalón de los concellos con menos de 10.000 vecinos, las excepciones al descenso general de beneficiarios se sitúan en A Baña, Cedeira, Cee, Malpica, Outes, Santa Comba, Santiso, Zas y Valdoviño. En este último municipio, la memoria de Política Social da cuenta de 11 beneficiarios de la renta autonómica, cuando el informe del 2017 aseguraba que no había ninguno.

Mayoría de mujeres

Más allá de la distribución de la risga según los concellos y su censo, sigue destacando la amplia mayoría de mujeres entre sus perceptores. De los 3.017 de la provincia, 1.880 son féminas, y 1.137, varones. Aunque también aquí hay excepciones. Se localizan en Betanzos, Boiro, Cee, Fisterra, Malpica, O Pino, Valdoviño, Vilasantar o Zas, con mayoría de perceptores masculinos.

En cuanto a los plazos para gestionar las solicitudes (2.029 tramitadas el año pasado, frente a las 2.172 del 2017), en la provincia de A Coruña se situó en 63 días, que fueron 130 sumando los tiempos en que los expedientes estuvieron paralizados en espera de recibir la documentación. Los motivos más frecuentes para denegar la risga son superar el nivel de ingresos requerido o considerar que no está el demandante en situación o riesgo de exclusión.

Xosé Cuns: «Tras saír da crise hai unha feminización da pobreza»

j. g.

la risga (renta de integración social) es «o último  recurso para as persoas que están en situación de pobreza severa. A maioría de quen a solicitan son mulleres, case o 58 %. Tras saír da crise, a pobreza e a exclusión a quen máis continua a afectar e ao colectivo de mulleres, hai unha  feminización da pobreza. Aínda que a crise afectou mais aos homes, tamén é a poboación masculina a que está saíndo maioritariamente dela», afirma Xosé Cuns, director de la Rede Galega contra a Pobreza (EAPN Galicia, por sus siglas en inglés). Tras muchos años de trabajo en este ámbito, Cuns sostiene que ahora el grupo más afectado es el de «familias onde hai só un adulto, que no 80 % dos casos é unha muller coidando de menores. Case a metade desas familias están en situación de pobreza severa e a risga é moi importante para elas», agrega. El número de quienes perciben esta ayuda, también conocida como salario social, aumentó con la crisis y también el presupuesto para atenderla. «Unha das razóns polas que as persoas en situación de pobreza severa non diminúen, a pesar de estarmos saíndo da crise, é que os importes da risga levaban paralizados desde o ano 2013, cando entrou en vigor a Lei de Inclusión. Porque esa lei establece que ten que haber varios tramos, e non se desenvolveu. Persistiu un tramo básico, e desde este ano están a ser recoñecidos dous máis: un de inserción, para facilitar ás persoas todo o que necesiten para a formación e para poderen acceder a un emprego; e outro para a transición ao emprego, que significa poder compaxinar durante un tempo un salario coa risga, de maneira que non haxa que traballar en B e que se podan manter uns ingresos decentes para saír da pobreza», explica Cuns. Pero estos dos nuevos tramos entraron en vigor aún en marzo de este año. «Esperamos que, realmente, co incremento do orzamento que implican estes dous novos tramos, tamén se favoreza que as familias podan recibir algo máis que os 400 euros de media que perciben agora. A nova situación permite incrementos de até 500-600 euros. Ese aumento non é a solución para saír definitivamente da pobreza, aínda que vai implicar melloras para moitas familias, se a burocracia non o impide. Está habendo formación e outras iniciativas, porque a Xunta afirma que quere que se implanten as melloras o antes posible», subraya. Ante esta nueva situación, agrega Cuns, «as nosas reivindicacións pasan porque sexa unha prioridade para as persoas beneficiaras da risga tanto incrementar o importe da súa axuda económica como reducir os prazos de resolución, en especial para as familias con menores. Porque a nova norma tamén contempla avances co chamado complemento de vivenda, e a vivenda é hoxe un problema serio en todas as cidades galegas, pois o incremento dos prezos dos arrendamentos come practicamente calquera incremento da risga». Xosé Cuns resalta que el decreto incluye otros avances de interés, «aínda que o máis importante é que se faga efectivo, e que se reduza a burocracia para a súa tramitación», advierte.

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