Las acusaciones del caso Mahía mantienen sus penas de cárcel y las defensas piden la absolución
SANTIAGO
El juicio por el caso Mahía llega hoy a su fin tras casi dos meses de larguísimas sesiones en la sección compostelana de la Audiencia Provincial
20 jun 2019 . Actualizado a las 05:00 h.El juicio por el caso Mahía llega hoy a su fin tras casi dos meses de larguísimas sesiones en la sección compostelana de la Audiencia Provincial. La de ayer fue la vista de conclusiones y se desarrolló sin sorpresas. Tanto la Fiscalía, como la acusación particular, que ejerce el socio de la inmobiliaria que denunció por sentirse perjudicado, Manuel Gómez Maroñas, han mantenido intactas sus peticiones de pena en lo que a los años de prisión se refiere. El ministerio público solicita doce para el principal encausado, Ramón López Casal, y nueve y medio para los demás: dos de sus hijos, Marcos y Pablo López Fernández, y tres empleados a cargo de áreas importantes en el grupo, Pilar Encarnación Branco Illodo, María Alicia Rodríguez Piñeiro e Ignacio Rodríguez Peláez. Además, les reclaman multas de 8.235 euros para López Casal y de 6.405 para el resto.
La acusación particular, que ejerce el abogado Ulises Bértolo, eleva considerablemente estas peticiones de pena y reclama para los seis acusados, de forma indistinta, quince años de cárcel y multas de 146.400 euros para cada uno de ellos. Todos se sientan en el banquillo por un delito continuado de administración desleal, otro de apropiación indebida, un delito societario y otro por negar o impedir el ejercicio de sus derechos como socio de Mahía a Gómez Maroñas.
Indemnización millonaria
Además, tanto la Fiscalía como la acusación particular reclaman a los seis acusados indemnizaciones millonarias para Manuel Gómez Maroñas porque entienden que los seis, de común acuerdo, desviaron el negocio inmobiliario del grupo Mahía hacia sociedades en las que el denunciante no figuraba.
Por lo que respecta al ministerio público, reclama que los acusados paguen, de forma conjunta, más de 4,3 millones de euros al denunciante por el dinero que dejó de cobrar en varias operaciones inmobiliarias, así como otros 4,2 millones en concepto de lucro cesante, argumento que defendía la acusación particular y que finalmente ha sido aceptado.
El letrado de Gómez Maroñas, por su parte, reclama 81,6 millones de euros por los daños y perjuicios que le fueron ocasionados, así como otros dos millones por el dinero no contabilizado por cobros no declarados. Las defensas mantienen su petición de libre absolución para todos.