La USC invertirá otros 200.000 euros en incrementos salariales

Promoverá un frente de universidades para reclamar a la Administración que le reintegre ese dinero


Santiago / La Voz

«Temos que aplicar a norma». Y la norma incluye el Estatuto del Personal Investigador en Formación, un decreto que se publicó el pasado mes de marzo y que contempla un salario mínimo para los investigadores predoctorales. La USC comenzará a aplicar esa norma, y por lo tanto un incremento salarial para unos 200 investigadores predoctorales de la institución contratados a través de los programas estatales y autonómicos. No son todo el colectivo, porque los incrementos solo se producen en aquellos contratos que actualmente están financiados por debajo del mínimo que establece el estatuto del personal en formación, que ha sido recurrido por siete universidades, una de ellas la de Vigo.

A la aplicación de estos incrementos hay que sumar un aumento del 0,25 % para todo el personal público, con lo que en total, la Universidade deberá usar algo más de 200.000 euros de sus fondos estructurales para pagar los incrementos salariales. Y por eso ha decidido que es hora de hacer un frente para exigir a las Administraciones estatal y autonómica, que han sido las que han puesto en marcha esas normativas, que reintegren esos recursos extra. «Son decisións acertadas e que nós compartimos, pero é que nós non temos recursos», insiste el gerente, Javier Ferreira. El equipo de gobierno se pondrá en contacto con otras universidades para crear un frente amplio, ya que al haber siete universidades que lo han recurrido, gestionarlo a través de la Conferencia de Rectores será complejo, porque lo lógico es que no apliquen el estatuto .

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El ministerio legisla, los tribunales enmiendan la plana y las universidades no saben bien cómo aplicarlo; los investigadores jóvenes, mientras, esperando

El pasado 15 de marzo entró en vigor el Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación, un documento que se había hecho esperar largamente y que ha acabado por ser una decepción para unos y un problema para otros. Decepción porque se han quedado fuera grandes reivindicaciones -como la del derecho al finiquito- y problema porque el Gobierno ha legislado, pero las universidades no tienen muy claro cómo aplicar esa norma y los tribunales han empezado a fallar con un criterio distinto.

Ocurre, por ejemplo, en la USC, inmersa en el proceso de redacción de un recurso ante el Supremo para forzar una doctrina sobre el pago de indemnizaciones por fin de contrato al colectivo de investigadores predoctorales. Recurre una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que establece el pago de doce días por año trabajado que se conoció hace dos semanas.

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