La falta de respuesta administrativa bloquea pisos turísticos

Aviturga asegura que propiedades del casco histórico llevan seis meses con la inversión realizada y en espera de poder entrar en servicio


Santiago / la voz

El melón del alquiler de pisos vacacionales en el casco histórico de Compostela sigue abierto, independientemente de lo que suceda este domingo en las urnas. El polémico veto a la apertura de más negocios de este tipo en la almendra tiene al menos tres recursos interpuestos por la vía contencioso-administrativa, presentados tanto a título particular por propietarios afectados como por la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga). Pero, además, está pendiente de cerrar un capítulo abierto el 3 de diciembre, fecha en la que entró en vigor la prohibición municipal aprobada días antes, en el pleno del 15 de noviembre, una vez completados los trámites correspondientes. 

En ese impás de 19 días, la Administración gallega siguió dando de alta de forma automática en el Registro de Empresas de Actividades Turísticas (REAT) cuantas solicitudes iba recibiendo y quedó pendiente de revisar estos casos para determinar si procedía su legalización o no. El problema es que casi seis meses después no ha habido contestación, según afirman los afectados. 

Aunque han preferido no revelar sus identidades, desde Aviturga confirman que varios propietarios se encuentran en dicha situación. Esto supone que llevan cerca de medio año con el negocio bloqueado por un tema burocrático, en el que no han podido sacar rendimiento a la inversión que hicieron para acondicionar sus apartamentos como viviendas vacacionales. 

Sin embargo, desde la Xunta aseguran «que non existen a día de hoxe situacións de bloqueo de expedientes, falta de información ou inseguridade xurídica no referente ás vivendas de uso turístico na cidade de Santiago». Explica además, en cuanto a los plazos que «as solicitudes que tiveron entrada antes do 3 de decembro son plenamente legais e correctas. E as que tiveron entrada con posterioridade se rexeitan de acordo co procedemento legal e, polo tanto, dando audiencia previa ao interesado. Ademais, lévase a cabo unha comprobación previa para coñecer se a vivenda está situada na zona de exclusión».

Otra cuestión, indica Dulcinea Aguín, presidenta de Aviturga, es la que atañe limbo municipal que lleva tiempo en el aire. Concretamente, dos años. Se trata de todos esos pisos turísticos que, estando en la zona afectada por el plan especial del casco histórico, se dieron de alta en el registro autonómico entre el 11 de mayo del 2017 (cuando entró en vigor el decreto que regula las viviendas turísticas en Galicia) hasta que las autorizaciones fueron paralizadas. En este caso, cuentan con el visto bueno de la Xunta, pero el gobierno local sigue defendiendo que incumplen la norma urbanística. Y, aunque en algún momento se habló de que lo más operativo era hacer la vista gorda y dar por regularizada su situación también a nivel municipal, los propietarios afirman que no ha habido una comunicación oficial que así lo certifique, por lo que estarían expuestos, como cualquier otro, a la correspondiente sanción.

Todas estas incógnitas planean sobre el escenario de unas nuevas elecciones municipales, de cuyo resultado podría depender que se mantenga o no el veto en el casco histórico a las viviendas turísticas, sacado adelante por Compostela Aberta (con el voto en contra del PP y la abstención del PSOE y del BNG), así como de lo que suceda en los tribunales con los recursos interpuestos por Aviturga y propietarios.

El veto en la almendra ralentiza la creación de viviendas turísticas y se legalizaron solo 60 desde enero

Hace un par de semanas se cumplía el segundo año desde la entrada en vigor del decreto gallego con el que se regulaban las viviendas de uso turístico a nivel autonómico. Pero las cosas han cambiado notablemente en los últimos meses. Si el primer año se inscribieron en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas (REAT) de la Xunta 315 pisos de distintos barrios de Compostela, desde mayo del 2018 hasta ahora fueron 233, aunque el 75 % de ellos se dio de alta antes del toque de queda a las nuevas licencias en el casco histórico de la ciudad. Es evidente que desde enero se ralentizó la actividad, pues hubo solo 60 nuevas altas en cuatro meses (a 1 de mayo), cuando entre agosto y diciembre fueron un centenar, por ejemplo.

Así, hay casi 550 viviendas vacacionales que operan a ojos de la Xunta (sin contar con las que lo podrían estar haciendo ilegalmente), las cuales cuentan con 2.601 plazas, distribuidas en 1.464 habitaciones. Esto supone que, de media, los pisos turísticos de la ciudad tienen capacidad para alojar a entre cuatro y cinco personas, si bien es cierto que se dan casos en los que tienen menos camas disponibles y otros en los que más.

Por otra parte, como ya se podía atisbar hace un año, los concellos a pie del Camino del entorno de Compostela son donde más están apostando por los pisos turísticos, salvo en Ordes y en algún otro caso excepcional.

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