El socio que denunció en Mahía: «Lo que nos costó 15 años se lo chuparon en dos»

Asegura que Ramón López creó empresas a sus espaldas para desviarles el negocio


santiago / la voz

El del caso Mahía es un juicio económico, con peticiones de cárcel no menores de entre nueve y doce años para los seis acusados y una reclamación de indemnización que va de los ocho millones de euros de la Fiscalía a los 80 de la acusación particular, que ejerce Manuel Gómez Maroñas, el socio cuya denuncia hace catorce años inició la investigación que ahora se juzga en la sección compostelana de la Audiencia Provincial. Pero es más que eso. Es, también, la historia de un desencuentro personal entre dos amigos de la infancia cuya relación personal pasó de ser de casi hermanos a no existir. «Cuando Ramón [López Casal] se casó, salí del hospital sin tener el alta para no faltarle a la boda, así era nuestra relación», explicó Maroñas al tribunal.

Esa carga emocional ha estado muy presente en la declaración como testigo y denunciante de Gómez Maroñas. A diferencia de los seis acusados, él optó por responder a todas las partes. Por su puesto, a su letrado, pero también a la Fiscalía y a los cuatro abogados que ejercen la defensa de Ramón López Casal, uno de sus dos socios en la inmobiliaria Mahía, de dos de los hijos de este, Marcos y Pablo López Rodríguez, y tres empleados que dirigían las áreas de comercialización, contabilidad y financiero de la firma: Pilar Encarnación Branco Illodo, Ignacio Rodríguez Peláez y María Alicia Rodríguez Piñeiro, respectivamente.

Todos ellos han asegurado en el juicio que no eran jefes ni altos cargos de Mahía y el propio Ramón López Casal ha querido descargar cualquier posible responsabilidad de sus empleados en él, pero Gómez Maroñas ha contradicho esta versión y ha señalado que «todos tenían cargos de responsabilidad», que «eran conscientes de lo que estaban haciendo y por eso cada día estaban más ariscos conmigo», en referencia al presunto desvío del negocio de Mahía a sociedades en las que solo estaba Ramón López y, en una de ellas, EXA Mahía, ellos mismos con un 10 % de participación cada uno. «No me podía imaginar que los empleados eran los dueños junto con él de la empresa», añadió.

Sobre ese desvío de negocio, también fue tajante al afirmar que se produjo a sus espaldas y que para ello le ocultaron que en las nuevas empresas que había creado Ramón López él ya no figuraba como socio. Explicó que Mahía facturó a lo largo de su actividad 4.000 millones de euros y que obtuvo mil millones de beneficio «y ahora no hay nada», afirmó. También se refirió a una de esas nuevas firmas que creó el principal acusado, Maexpa, para relatar que en dos años ya había superado en actividad a Mahía porque se hizo con todo su mercado y negocio. «Lo que nos costó levantar quince años se lo chuparon en dos», añadió gráficamente.

En este punto se produjo uno de los enfrentamientos que, por subidos de tono, obligó al magistrado presidente del tribunal a intervenir en varias ocasiones para corregir a la abogada que defiende a Ramón López Casal. Y es que la letrada le reprochó que dijera que en Mahía no ha quedado nada cuando las últimas cuentas de la empresa arrojan que cuenta con un patrimonio de 40 millones de euros. «No tiene nada», insistió el denunciante, «la contabilidad de Mahía Inmobiliaria no tiene valor porque está falsificada y ellos pueden valorarla en 40 como en 400 millones, pero no es así», respondió.

La ruptura

También se refirió Gómez Maroñas a cómo se produjo la ruptura con el que era su socio, pero también su amigo. Explicó que cada vez que él sospechaba y preguntaba o protestaba, su socio le amenazaba con romper la empresa. «Era una dictadura, ellos mandaban», señaló. Y sobre si le negaban información dijo que su socio llegó a reprocharle que hablara con los empleados «porque decía que los entretenía». Aún así, relató cómo intentó arreglar las cosas y que no fuese necesario llegar a los tribunales, pero que su propuesta de acuerdo fue rechazada, por lo que decidió denunciar.

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