El máximo para estas unidades son 800 casos al año y las de Santiago asumían 1.200


La carga máxima de trabajo que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estipula que pueden soportar los juzgados de lo social es de 800 casos al año. Las tres con que cuenta Santiago en este momento llevan años asumiendo una cifra mucho mayor, ya que desde que comenzó la crisis económica en el 2008 la litigiosidad en esta jurisdicción se ha disparado.

Solo el año pasado, que son los datos que se han tenido en cuenta para aprobar por fin la creación del cuarto juzgado de lo social en Santiago, las tres salas de este ámbito de la ciudad recibieron una media de 1.200 asuntos cada una. Esta circunstancia, repetida año tras año, es la que ha generado un enorme atasco formado por 3.000 casos que ni la asignación de jueces de refuerzo ha logrado reducir. El tiempo de espera para el afectado en asuntos que no están calificados como urgentes llega en estos momentos a los tres años, algo que resulta inasumible y más si se tienen en cuenta que en estas salas se dirimen cuestiones muy sensibles para el ciudadano como despidos o bajas laborales.

Una vez que esté operativo el cuarto juzgado, y si el caudal de entrada de asuntos se mantiene en torno a las cifras actuales de unos 3.600 anuales, al haber una sala más en el reparto cada una tendría que asumir unos 900. De este modo, aún estarían por encima del tope de 800 que tiene estipulado el CGPJ. Por ello, tanto la junta de jueces como el Colegio de Abogados compostelano ya han sugerido que lo ideal es que se mantengan los jueces de refuerzo que hay actualmente hasta que la situación mejore.

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El máximo para estas unidades son 800 casos al año y las de Santiago asumían 1.200