ADIF y Raxoi fían a la Justicia la disputa por el viaducto de Cornes

Fracasan los contactos para negociar una salida ante la demanda de 7 millones del ente


santiago / la voz

El Ayuntamiento y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) dirimirán definitivamente en los tribunales sus diferencias sobre la asunción del coste del viaducto que en el 2003 abrió la comunicación entre Cornes y Pontepedriña y permitió el desarrollo urbanístico programado a ambos lados de la línea férrea. Financiado por la entidad estatal, esta reclamó al Concello el pasado agosto el importe de esa obra, que se había vinculado, por convenio, al desarrollo del área ferroviaria para la llegada de la alta velocidad y a la obtención expresa de aprovechamiento lucrativo para el ADIF en el ámbito de la intermodal.

Sin ese aprovechamiento, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias entiende que no es a él al que compete asumir el coste del viaducto, sino al Ayuntamiento, en la medida en que la retirada del terraplén entre Cornes y Pontepedriña era innecesaria desde el punto de vista de la explotación ferroviaria y que solo convenía al interés de Raxoi por permeabilizar la zona.

Esa será la cuestión que deberá dirimir el Juzgado de lo Contenciosio-Administrativo número 2 de Santiago después de que los dos meses que había concedido -a petición del Concello- para la búsqueda de un acuerdo extrajudicial hayan vencido sin la avenencia de ambas partes. Los contactos mantenidos han resultado infructuosos. Pese a la rebaja de las expectativas económicas del ADIF para cerrar un acuerdo, su demanda seguía siendo onerosa para Raxoi.

Su reclamación judicial ronda en total los 10 millones de euros: 6,8 por la obra y el resto por los intereses desde el 2000, cuando arrancó esta. En el intento de negociación, la entidad estatal, reconoce el Concello, se mostró dispuesta a rebajar ese total hasta los 5,6 millones, lo que en esencia venía suponiendo la renuncia a los intereses y la merma (en torno al millón de euros) que le exigía Raxoi por las plusvalías que el ADIF obtuvo por la licitación de varias parcelas de su propiedad en los suelos urbanizables de Pontepedriña y Conxo al sacarlos a concurso para vivienda libre, cuando el convenio del viaducto fijaba que buena parte habían de ser de protección.

Lo que para el ADIF ha sido una oferta razonable, no lo parece, sin embargo, para el Concello. Este mantiene que cualquier posible indemnización no debe superar el millón de euros. Según sus cuentas, el punto de partida han de ser los 4,14 millones de coste del viaducto que recogía dicho convenio, no los 6,8 finales que apunta el ADIF. Y rebate además que su construcción solo fuese de interés para el Concello, sino que una parte -cuyo coste cifra en 2,24 millones- atendía a necesidades de Renfe. Descontada esta y el millón de las plusvalías, y manteniendo la cifra original conveniada (4,14 millones), la posible compensación municipal sería solo de 950.000 euros.

El Concello insiste en que no cabe pedir más de un millón de euros

Agotado el plazo de dos meses que el Concello había solicitado para intentar un acuerdo, la demanda del ADIF continuará ahora por la vía judicial en la que entró a finales de agosto, más de tres lustros después de la construcción del viaducto. El juzgado ya ha abierto el plazo para que ambas partes formulen alegaciones antes de retomar el proceso. En sus manos quedará el análisis del convenio y de las tesis que defienden ambas partes después de que el área de Renfe para la intermodal se esté desarrollando sin los usos lucrativos que quería introducir el ADIF. Aquel convenio (de 1998) comprometía la tramitación urbanística que los hiciese viables.

Pero el Concello afirma que si no prosperó no fue por su inacción, sino por incompatibilidades del ordenamiento urbanístico. Para el ADIF, ese incumplimiento, no obstante, fue deliberado. Así lo apuntaba en su demanda. Cerrada la posibilidad de acuerdo, el ente estatal mantendrá la exigencia de 6,8 millones, además de los intereses. Y Raxoi se mantiene en que una posible indeminización no debería pasar de los 950.000 euros que indican sus estudios técnicos.

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